La Fiscalía también imputa delitos contra los trabajadores y explotación de marroquíes a otras 16 personas, entre ellas empresarios de firmas agrarias
28 sep 2019 . Actualizado a las 10:03 h.La Fiscalía solicita 44 años y casi 20 para M.C. y C.O.R., respectivamente, como los jefes y encargados de una organización que supuestamente captaba y estafaba a ciudadanos marroquíes que después eran explotados en empresas ganaderas de la provincia. En concreto, el escrito de acusación, recogido por Europa Press, se enmarca en la llamada Operación Pollo, cuya fase de instrucción finalizó tras 11 años el pasado mes de julio. No obstante, aún a no hay fecha para el inicio del juicio. Además de los citados M.C. y C.O.R., la Fiscalía imputa por delitos contra los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros a otras 16 personas, entre ellas empresarios de compañías agrarias de la provincia y un ciudadano portugués.
Según Fiscalía, M.C. —marroquí, que se encuentra en paradero desconocido— durante los años 2006 y 2008 «se dedicó a organizar y facilitar» la entrada a de ciudadanos marroquíes «enriqueciéndose» con cantidades entre 8.000 y 14.000 euros que estaban dispuestos a pagarle a cambio de obtener la documentación. Así, el acusado les decía, «a sabiendas de su falsedad», que cobrarían un salario elevado, lo que les permitiría amortizar el pago inicial. Para el pago de esta cantidad, el trabajador y toda su familia «se veían obligados a realizar gravísimos esfuerzos económicos que incluían la venta de sus propiedades».
De hecho, «con el fin de burlar la legislación de extranjería y de enriquecerse», M.C. contactó con C.O.R., empresario español del sector agropecuario lucense, quien conocía a ganaderos de la zona de Castro de Rei y proximidades. De este modo, ambos «se propusieron enriquecerse captando extranjeros dispuestos a pagar dinero a cambio de trabajar en España».
Una vez los inmigrantes entraban en el territorio, por lo general eran dados de alta a media jornada para que el pago a la Seguridad Social fuese menor, pero luego trabajaban hasta 14 horas diarias en granjas de pollos lucenses. Durante su actividad, los acusados que daban instrucciones a los inmigrantes les negaban los medios más básicos para desarrollar su trabajo en condiciones de higiene y salubridad, ya que incluso ejercían descalzos. «Solo se les permitía descansar un día a la semana y carecían de cualquier tipo de período vacacional. El dinero que percibían era inferior al legalmente estipulado», añade la Fiscalía.
La operación Pollo arrancó en el 2008 con registros
En mayo del 2008, el Juzgado de Instrucción Número 3 autorizó la entrada y registro de un domicilio de Lugo donde, según los indicios, estaban alojados algunos de los trabajadores. Se conoció como operación Pollo porque los afectados trabajaban en granjas de aves. Fueron detenidos varios de los acusados, entre ellos M.C., que permaneció en prisión hasta octubre del 2009. Se enfrentará a 44 años de cárcel: dos años y nueve meses por cada uno de los 12 ilícitos de explotación laboral, siete por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros cuatro por estafa. Fiscalía pide para C.O.R. 19 años y nueve meses: dos años y nueve meses por cada uno de cinco ilícitos de explotación y seis años por un delito contra los derechos de los extranjeros.