El complejo está formado por tres agrupaciones y fue idea del interior alcalde y está a la espera de juicio
07 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La aldea etnográfica de Carelle todavía pertenece al Concello de Muras, que se encarga de realizar limpiezas y desbroces para mantener en buenas condiciones la zona. La investigación iniciada contra el anterior alcalde y cabecilla de este proyecto, Issam Alnagm, del Partido Popular, continúa abierta y a la espera de recibir una respuesta del juzgado, que aún no ha confirmado que se produjese un tráfico de influencias por parte del regidor. El Concello de Muras compró en su día las fincas que pertenecían l alcalde sirio, que fue regidor desde el año 1991 y también médico.
Ahora, el actual alcalde de Muras, Manuel Requeijo, del BNG, aclara que la decisión que tomen desde el Concello en torno al recinto etnográfico depende directamente de la Xunta, que fue la que autorizó la apertura de la aldea «sen os permisos necesarios» y aportó el dinero para su construcción. Los fondos salieron del canon eólico, puesto que en toda la zona de Muras hay casi 400 aerogeneradores que, anualmente, permiten que se transfiera dinero a los ayuntamientos en los que están situados. Muras recibe anualmente casi 700.000 euros de este canon.
Una salida para la aldea
«Agora mesmo, pouco podemos facer, queremos darlle saída e sabemos que a Xunta ten que dar unha autorización. Nós, o primeiro que fixemos cando chegamos foi facer unha plantación de castiñeiros nos terreos para así poder sacar algo da aldea», explica Requeijo, que también asegura que «non ve» la idea de mantener abierta la aldea etnográfica porque esto obligaría al Concello «a seguir invertendo diñeiro».
La aldea etnográfica pretendía recuperar el asentamiento de Carelle Grande. El núcleo tiene tres agrupaciones y una edificación aislada, con elementos tradicionales como hórreos, cubiertas de pizarra e incluso hornos. El proyecto pretendía recuperar un entorno olvidado para aprovechar así sus recursos naturales de manera didáctica.
Alumnos y monitores del campamento de inglés abandonaron el complejo en 2014 escoltados por la Guardia Civil, poco después de la inauguración de la aldea, que no contaba con agua corriente ni tenía los permisos sanitarios pertinentes.