Absueltas en Lugo 15 personas que compraban y vendían móviles porque fueron escuchadas ilegalmente

La Audiencia Provincial de Lugo absolvió a 15 personas vinculadas con un entramado de sociedades dedicadas a la compraventa y exportación de teléfonos móviles, así como a la venta de tarjetas. Entre los implicados figuraban cinco guardias civiles del Puerto de Vigo. El tribunal lucense  declaró nulas todas las resoluciones en las que se acordaron las intervenciones telefónicas llevadas a cabo en la causa, lo que da lugar a la absolución de los acusados para los que el fiscal pedía penas de cárcel al considerar que se produjeron nueve delitos contra la hacienda pública, otro de contrabando y otro más de falsedad. 

La sentencia absolutoria declara como hechos probados que tres de los acusados organizaron, entre los años 2004 y principios de 2007, un entramado de sociedades  con la finalidad de comprar y vender teléfonos móviles y tarjetas. Sacaban importantes beneficios que no declaraban en su totalidad a Hacienda. Además, dice el tribunal, obtenían indebidamente devoluciones en el IVA. El eje central del negocio era comprar en centros comerciales packs de teléfonos que estaban de oferta. De esta tarea se encargaban dos acusados. Algunas de las adquisiciones las realizaban abonando el importe en caja y se quedaban con el tique correspondiente y, luego, hacían unas facturas por el precio del producto, pero sin tener en cuenta el descuento que les habían aplicado al estar de oferta.

Los elementos de los packs fueron separados en muchos de los casos. Las tarjetas eran vendidas o utilizadas en los aparatos  "simbox"  (un dispositivo que permite introducir varias SIM de móviles) y muchos de los terminales destinados a la exportación a países de fuera de Europa, consiguiendo con ello la devolución del IVA. "Muchas de las ventas -dice la sentencia- se realizaban sin factura y algunas con ingresos en efectivo inferiores a 3.000 euros". Entre los principales clientes de la compra de tarjetas figuran tres acusados.

Los trámites de la exportación de los móviles eran realizados en la aduana de Vigo. Los cinco guardias civiles acusados en esta operación tendrían como misión sellar los documentos en el puesto del instituto armado del puerto vigués. La mercancía salía a través del aeropuerto de Peinador y en alguna ocasión también por Barajas. 

Expone la sentencia que muchas de las tarjetas que habían sido disociadas (no se llegó a saber el número total) fueron utilizadas por el titular de tres empresas, una de ellas afincada en Lugo. El acusado hacía las facturas a dos de sus firmas, pero la investigación no llegó a determinar qué cantidad fue defraudada a Hacienda. En principio, el fiscal acusó a 17 personas, pero finalmente dejó fuera a dos.

El tribunal apreció falta de "control efectivo por parte del juzgado de la documentación entregada a Vigilancia Aduanera". Además destaca la sentencia que Vigilancia Aduanera, "que es quien solicitó la múltiple intervención telefónica, no realizó diligencia de investigación de ningún género". Los agentes recurrieron a las escuchas  sin haber realizado previamente una investigación. "Huelga -dice la sentencia- hacer cita de las múltiples resoluciones jurisprudenciales que establecen que no se trata de satisfacer los intereses de una investigación meramente prospectiva, pues el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delito o para despejar sospechas sin base objetiva de los encargados de la investigación, por más legítima que sea esta aspiración, pues de otro modo se desvanecería la garantía constitucional".

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