Fue antes de la votación del pleno extraordinario que pidió el PP para pedir que «non se volva a intentar amortizar o posto de ningún funcionario que desenvolva transitoriamente o seu labor noutra Administración»
26 dic 2018 . Actualizado a las 18:46 h.En el último minuto de una sesión plenaria de la Diputación de Lugo de cuatro horas y media saltó la bronca. Después de un pleno ordinario en el que casi se aprobaron todas las mociones por unanimidad y en el que reinó la paz navideña, en el pleno extraordinario que solicitó el PP para pedir que «non se volva a intentar amortizar o posto de ningún funcionario que desenvolva transitoriamente o seu labor noutra Administración» saltó la bronca. Fue al final, antes del momento de la votación, cuando el presidente Darío Campos tomó la palabra y calificó el pleno «de estratexia do ruído de montar juerga do PP co señor Martínez», cuando el alcalde de Becerreá comenzó a llamar mentiroso al presidente y a todos los diputados del PSOE. Campos le fue advirtiendo y al final lo expulsó, llegando incluso a pedir a los guardias de seguridad que se lo llevasen, algo que finalmente no fue necesario.
El PSOE votó en contra
Ya sobre la propuesta del PP -a raíz de que en el anterior pleno el gobierno provincial intentara amortizar la plaza de la actual jefa territorial de Medio Ambiente aunque después fue retirada- el BNG y Martínez (este no pudo votarla) la apoyaron, mientras que el PSOE votó en contra. La portavoz del PP, Elena Candia, explicó que con este pleno «buscamos que non se leven a cabo no futuro prácticas que non respecten ás persoas que transiotoriamente están noutras Administracións, que se cumpra a lei se hai que amortizar e chegado o caso se consensúe co titular da praza se lle informe, e que non se engane ou perxudique». Candia pidió consenso «porque isto pode volver a pasar en calquera momento, goberne quen goberne, e para evitar que as persoas se leven sorpresas».
Por su parte, el diputado del BNG, Xosé Ferreiro, señaló que en el caso del pleno de hace un mes «non discuto a legalidade ou non da decisión, pero si que as formas non foron as correctas» y apuntó que «por este camiño nin os funcionarios poderán concorrer á política, quedando só para os multimillonarios». Ferreiro dijo «que este tipo de persecución non é so do PSOE, senón tamén do PP, que cando gobernaba Candia houbo funcionarios menospreciados.
Manuel Martínez fue mucho más explícito y dijo que el gobierno socialista «iba a por unha persoa con alevosía, con represalia política pura e dura, nunha postura indecente, rastrera e indigna de calquera democracia» y señaló que este problema se solucionó porque «o amañaron (PP y PSOE) coa aprobación dos presupostos».
El diputado que dirige los asuntos de personal, Miguel Ángel Sotuela, negó que en el caso de la jefa territorial de Medio Ambiente y su puesto que se quiso amortizar en la Diputación «non houbo porta de atrás». Sotuela dijo que este hecho lo conocieron los sindicatos y los grupos políticos en las comisiones informativas, aunque reconoció que tenía el personalmente que habérselo dicho a la afectada. Negó que fuese una decisión de persecución política y que todo se hizo en base a criterios legales, «porque as amortizacións de prazas fanse e todas ad administracións para crear outros postos necesarios, como no noso caso que necesitamos auxiliares administrativos, pero en ningún caso en comisións de servizos ou en postos de libre designación». Sotuela afirmó que «nós cumprimos estrictamente coa lei».