Para cubrir la fianza impuesta al edil de ACE en la apertura de juicio oral en febrero pasado
14 nov 2018 . Actualizado a las 21:40 h.La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo decidió en febrero pasado abrir juicio oral a Carlos Portomeñe, concejal de ACE-EU, al hilo de la denuncia presentada por el exalcalde José López Orozco, por las declaraciones del primero en relación con la tramitación del PXOM. En ese mismo auto se requiere a Portomeñe a depositar una fianza de 60.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias a las que pudiera tener que hacer frente. Los abogados de Orozco solicitaron en julio pasado, a la vista de que no había sido depositada la fianza, el embargo de bienes del edil por importe igual al de la fianza. Ahora acaban de presentar un nuevo escrito en el mismo sentido y para reclamar «impulso procesal a las actuaciones».
En el escrito presentado a finales de la semana pasada por los abogados del exalcalde socialista, se señala que no ha sido depositada la fianza exigida a Portomeñe, o al menos ellos no tienen conocimiento de que fuera así. Los letrados que representan a Orozco dicen que han transcurrido más de ocho meses sin que tengan notificación alguna, salvo del escrito de calificación de la fiscalía.
La representación legal quiere que se dé «impulso procesal a las actuaciones», de acuerdo con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por su parte, el concejal Carlos Portomeñe echó balones fuera sobre este asunto al ser preguntado por La Voz. Dio la impresión de desconocer que le había sido impuesta la obligación de depositar la citada fianza. Aludió al escrito de la fiscalía que solicita el sobreseimiento. Los delitos de los que lo acusa el exalcalde son los de calumnias e injurias con publicidad. La acusación particular pide para el único representante en el Concello de ACE-EU dos multas. Por el delito de calumnias, una de doce meses a razón de 20 euros diarios; por injurias, seis meses a 20 euros día. Además, los letrados de Orozco solicitan una indemnización de 50.000 euros, que deberá ser abonada a la asociación lucense Aspnais.
Hay que recordar que este asunto llegó a la Audiencia, que ordenó proseguir la instrucción cuando el juzgado consideró que podía sobreseerse.
Polémico PXOM
Portomeñe mantiene una persistente oposición al PXOM, que intenta anular en vía judicial. El hecho de ser testigo en otro juzgado en relación con el urbanismo parece que llegó a convencerlo en algún momento de que la denuncia de Orozco no sería admitida. Las declaraciones que dieron pie a la querella se centraban en la supuesta presión al entonces secretario del Ayuntamiento en relación con los informes sobre el planeamiento que entonces estaba en tramitación.