El fiscal pedía tres años y ocho meses de prisión, la suspensión de empleo durante siete años y una multa de 10.800 euros
20 sep 2018 . Actualizado a las 00:20 h.El funcionario público destinado en la Asesoría Xurídica de la Xunta de Galicia en Lugo ha aceptado una pena de seis meses de cárcel, gracias a un acuerdo de conformidad entre la defensa y la Fiscalía, por realizar cobros ilícitos a personas que tenían trámites pendientes con la administración autonómica y por no custodiar adecuadamente documentos oficiales.
El juicio no llegó a celebrarse como consecuencia de que el acusado aceptase la pena con conformidad y tres años de inhabilitación para trabajar en la Asesoría Xurídica de la Xunta, en puestos de atención al público o en funciones que impliquen manejar dinero.
Los hechos sucedieron en el año 2012, cuando el acusado se puso en contacto con varias personas que tenían trámites pendientes con la asesoría y les cobró por tasas ilegales que no tendrían que haber pagado.
El hombre confeccionaba bastanteos ?que declaran la suficiencia de un documento para un fin determinado? falsos para los cobros y les decía a los administrados que eso era lo que tenían que pagar, seis euros, para hacer las gestiones, tasas que adquiría en efectivo y al momento. Las irregularidades se habrían descubierto por primera vez en un momento en el que el funcionario estaba ausente porque no trabajaba pero tampoco estaba de vacaciones.
Nueve personas resultaron perjudicadas por la actividad fraudulenta del hombre. La Fiscalía también señaló que el acusado entregó a los integrantes del servicio de limpieza de la Xunta expedientes del Gabinete Jurídico con el fin de hacer desaparecer la documentación oficial.
En otro momento el hombre tuvo abierto un expediente disciplinario pero, según varias fuentes, la Xunta pudo no haberle sancionado si los hechos hubiesen prescrito. Además, es posible que el funcionario vuelva a incorporarse a su puesto de trabajo en la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia en tres años, cuando acabe la suspensión de empleo que ha pactado con la defensa y la Fiscalía.
Una reducción considerable
El fiscal pedía tres años y ocho meses de prisión, la suspensión de empleo durante siete años y una multa de 10.800 euros al considerar los hechos constitutivos de un delito continuado de cobros ilegales y de infidelidad al custodiar documentos públicos.