Después de múltiples acusaciones y advertencias de unos y otros, los 29 trabajadores cobrarán sus nóminas
08 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La empresa mercantil Suplusa - creada en la época de Cacharro y aumentada sus competencias en la de Besteiro- siempre ha sido necesaria, y no solo para las cuestiones para las que fue creada, impulsar el desarrollo económico de los concellos, sino también para los intereses partidistas de los de entonces y de los de ahora. El reciente capítulo del impago de las nóminas de los 29 trabajadores de la entidad, solventado por el momento ayer, ha venido a demostrar que a día de hoy es un instrumento que para unos sirve de plataforma y de contrapoder y para otros, ahora, como ejemplo de chiringuito a demoler. Tal y como están las cosas, solo una intervención administrativa, pretensión del gobierno provincial, podría poner fin a la actividad de Suplusa. Pero en este caso, de nuevo entraría en escena la Justicia. De tal forma, al igual que otras cuestiones de San Marcos, las elecciones de mayo del 2019 deberían dejar claro qué se quiere hacer con Suplusa.
Minutos antes de que ayer se celebrasen dos consejos de administración de Suplusa, «gobernada polo PP», como señalan desde el equipo socialista, el diputado del BNG Xosé Ferreiro anunciaba que pedirán un pleno extraordinario para aprobar la disolución del ente, tesis que apoya el PSOE, pero eso sí, recordando que la actual situación «de bicefalia foi provocada polo PSOE». Por su parte, casi al mismo tiempo, la diputada socialista Pilar García Porto apuntaba que «se o PP ten o control de Suplusa é a responsable do caos que se vive na sociedade». La diputada recordó el ofrecimiento que le hizo el presidente provincial a la portavoz del PP, Elena Candia, para disolver Suplusa e integrar a los 29 trabajadores en la Diputación, en un proceso parecido al que se hizo con los empleados de la TIC. «Se o PP non acepta, xa pedimos informes a diferentes servizos da Deputación para optar pola vía da intervención, tal e como a Xunta xa ten feito, nomeando a funcionarios para facer eficaz a sociedade». Porto recordó que se conminó a Suplusa a que pagase las nóminas adeudadas e incluso animó a los afectados a pedir intereses por la demora.
Por su parte, los que de momento siguen en Suplusa, su presidente, Manuel Martínez, y cinco diputados del PP, celebraron dos consejos, uno de ellos extraordinario para resolver el pago de las nóminas, y otro ordinario para modificar estatutos. Martínez siguió insistiendo en que el gobierno de Campos «só quere favorecer a determinadas empresas e non que as residencias as abra Suplusa mellorando o prezo». Mientras, Candia se posicionaba sobre la propuesta de Campos de disolver el ente e integrar a los 29 trabajadores. Los populares se muestran cautelosos y quieren estudiar en profundidad la oferta, pero la líder del PP de Lugo considera «perigoso» integrar a los trabajadores de Suplusa en la Diputación en tanto «que supón un prexuízo para aquelas persoas que se están a esforzar gastando o seu tempo e diñeiro na preparación dunha oposición pública».