Condenas de 24 meses de cárcel a cinco acusados de tráfico de drogas en A Mariña, para los que la fiscala pedía 6 años para cada uno

e.g.s. LUGO / LA VOZ

LUGO

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Inicialmente, la fiscalía solicitaba una multa de 91.745 euros que se quedó en 60.000 a pagar entre todos

04 jun 2018 . Actualizado a las 23:23 h.

La conformidad es una figura jurídica ampliamente utilizada en España. Ayer, de nuevo, en la Audiencia hubo una sentencia por conformidad y donde inicialmente se pedían por la fiscalía seis años de prisión para cada uno de los cinco acusados, finalmente, por la citada vía, quedaron reducidos a dos, y, muy probablemente, en ejecución de sentencia se decidirá -la acusación pública no se opone- la suspensión de dicha pena. Además, por partes iguales, los cinco condenados tendrá que abonar una multa de 60.000 euros, que podrán pagar en varios plazos. Uno de los ahora condenados se encuentra en prisión.

Los letrados de los acusados vivieron un momento de confusión cuando, tras haber pactados dos años de prisión, escucharon a la fiscala decir «tres años» al modificar sus conclusiones. El malentendido se aclaró al momento, al explicar la fiscala que los dos años eran el producto de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. Aún fue precisa otra matización. Cuando el presidente del tribunal leyó, para conocer la conformidad de cada uno de los acusados, la pena que se les pedía, citó el importe total de la multa (60.000 euros); de nuevo todo se aclaró de inmediato.

Multa

En el escrito de acusación, la fiscal detallaba: «Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de prisión de seis años y multa de 91.745 euros». De entender al pie de la letra la citada petición de condena, la rebaja en lo que se refiere a la multa fue notable.

Tras la lectura del escrito de acusación, la fiscala indicó que retiraba la acusación a la única mujer sentada en el banquillo.

De los acusados, solo uno tiene antecedentes penales; fue condenado por sentenciada de la Audiencia de Pontevedra por tráfico de drogas. Algunos de los letrados tenía previsto, de no prosperar la conformidad, pedir la nulidad de actuaciones en relación con las escuchas telefónicas, que fueron una pieza básica en esta investigación.

La acusación pública consideró que el acusado con antecedentes se venía dedicando de modo profesional a la distribución y venta a terceros de sustancias como resina de cannabis y cocaína. Para ello, señala, contactó con tres de los otros acusados, que surtieron a otros dos de 600 gramos de cocaína; la trasladaron hasta Foz el 21 de enero de 2010. En Foz fueron interceptados por la Guardia civil, cuando se disponían, dice la fiscalía, a almacenar la droga en el domicilio de uno de los acusados y ahora condenados. En un registro domiciliario fueron incautados útiles para el manejo de la droga: báscula de precisión, una funda de plástico para envase, recortes de bolsas de plástico destinadas a envase, dos tubos para esnifar y un plato con restos de cocaína.