En los meses que se paga productividad en el órgano provincial lucense, muchas nóminas sobrepasan los 6.000 euros
05 jun 2018 . Actualizado a las 22:10 h.Esta semana quedó aprobada la relación de puestos de trabajo en la Diputación de Lugo. Tuvo que ser al segundo intento, porque en el primero el PP votó en contra. Al segundo, los sindicatos no cambiaron nada y presentaron la misma propuesta; el PP en este caso la aprobó. Quien lo no lo hizo fue Manuel Martínez, el escindido del PSOE, que les dijo que tendrían que hacer las modificaciones que él había propuesto para solventar de una vez por todas las irregularidades de personal de la Diputación de Lugo, pero como las centrales sindicales ya habían convencido al PP, volvieron a presentar el mismo documento y salió aprobado sin las peticiones de Martínez. El díscolo exsocialista se mantuvo duro porque a él no le atendieron sus peticiones. Fuese por lo que fuese, el diputado escindido del PSOE había puesto el dedo en la llaga, exigiendo que la relación de puestos de trabajo sirviese para imponer la lógica y evitase los desvaríos que ocurrían hasta ahora en San Marcos.
anomalías
Atribución temporal de funciones. Una de las anomalías más llamativas es que casi un tercio del personal de la Diputación está haciendo funciones que no le corresponden. De los 350 empleados, 90 tienen una atribución temporal de funciones, (ATF). Eso quiere decir que están realizando tareas que no les corresponden por su puesto de trabajo pero que alguien les ha dado una atribución temporal. Eso podría entenderse si ocurriese con alguna persona en un momento puntual, por una urgencia determinada. Pero que eso ocurra con casi un tercio de la plantilla no parece normal. Es más, expertos consultados aseguran que esto no ocurre en otras administraciones, porque ni siquiera es legal. «No se le puede pedir a un auxiliar funciones para las que no está contratado ni capacitado, ni pagarle por ello», asegura un experto en recursos humanos. Con esta medida de atribuir al personal funciones que no le son propias se pervierte la filosofía de un organismo, y se está en riesgo incluso de que los algún administrado intente invalidar judicialmente alguna decisión que no le guste, porque los técnicos que resuelven no son los que deberían hacerlo legalmente.
pago de productividad
Nóminas de hasta 10.000 euros. La productividad es otro de los escándalos del sistema de retribuciones de la Diputación. Numerosos empleados cobran productividad por una decisión política. No se la pagan todos los meses sino en alguno determinado, y por tanto el concepto es «atrasos de productividad». Esta partida convierte en escandalosas muchas nóminas, que oscilan ese mes entre 6.000 y 10.000 euros, como se puede ver en las imágenes de esta página. Pero a mayores de las cifras desorbitadas en esos meses, los pagos de productividad a determinados funcionarios suponen que algún simple diplomado universitario (A2) de San Marcos, que ni siquiera es licenciado, cobra más que un conselleiro de la Xunta de Galicia, que tiene un sueldo de 4.000 euros al mes. Hay varios jefes de servicio que perciben más de esa cantidad en la Diputación, es decir, cobran más que los directores generales de la Xunta, que no alcanzan los 4.000 euros mensuales. Dentro de esos despropósitos que provoca el pago de productividad discrecional, se dan casos de algún auxiliar administrativo, C2 (para el que solo se necesitaba EGB), que percibe más de 2.400 euros al mes.
El pago de la productividad es una anomalía grave en la Diputación porque ese concepto está previsto para grupos especiales de trabajadores que por motivos de urgencia, emergencia o similar, están obligados a trabajar turnos u horas que no les corresponderían. Sin embargo, pagar productividad en la Diputación a numerosos funcionarios que hacen su horario normal de mañana está de por sí basado en criterios subjetivos. Y quien firma el pago de productividad debería especificar el motivo excepcional que motivó el pago y justificarlo documentalmente.
mandan los funcionarios
«Si no cobro, no tengo prisa». Un funcionario explicaba en días pasados que compañeros de su departamento cobraban casi el doble que él por las productividades que fueron consiguiendo de los políticos en los últimos tiempos cada vez que les pedían una función nueva o cierta agilidad. «Así que ahora, que le pidan la urgencia a los que cobran. Porque yo no cobro, y por tanto tampoco tengo prisa». Incluso hay jefes de servicio que han alcanzado sueldos estratosféricos y que no pueden aspirar a cobrar más, pero que retrasan los pagos pidiendo papeles y documentación que ya tienen, con el fin de demorar gestiones y mantener en tensión al político de turno porque no es de su cuerda, ni del partido que le dio las prebendas. Determinados diputados reconocen que no pueden gestionar su departamento porque lo que ellos deciden no se lleva a la práctica finalmente porque los funcionarios consiguen entorpecer el proyecto con argucias legales.
niveles aberrantes
Carreras que no suben en 20 años y funcionarios de nuevo ingreso con nivel máximo. Otro de los males del personal es que con el pago de la productividad se consigue que algunos funcionarios puedan progresar en pocos años y subir de nivel, mientras otros permanecen estancados. Así hay funcionarios de nuevo ingreso que han alcanzado en pocos años el nivel 28, que es el máximo, mientras otros A1, incluso doctorados, siguen en el nivel 22 con el que entraron hace más de diez años.
los sindicatos
Bien pagados y ninguna conflictividad. Entre los líderes sindicales de los últimos años hay nóminas muy altas, cuyos pagos sobrepasan con creces tanto el nivel natural de ese trabajador como las funciones que hace. Algunas de esas nóminas subieron como la espuma en determinados momentos en que se necesitaban acuerdos. Y esos pactos suponían incluso a veces que la persona cambiase de sindicato. Es tan claro el funcionamiento por interés que, por ejemplo, hay sindicatos de izquierdas cuyos afiliados en la Diputación son en su mayoría afiliados del PP.
la propuesta de Martínez
Proporcionalidad y criterios objetivos. La propuesta de Martínez a los sindicatos era que hubiese igualdad y proporcionalidad, de tal manera que excepto en casos muy justificados, un puesto de menor nivel no podría tener un complemento mayor que un puesto superior. También exigía el diputado díscolo que pudiese haber una mejora real para todo el personal, que los ascensos estuviesen basados en criterios objetivos y no subjetivos (como es la evaluación por el desempeño y la productividad otorgada por ello). Según su informe, con respecto al promedio de otras diputaciones , el secretario general cobraba 6.200 euros por encima; el interventor, 1.500; el tesorero sobrepasaba la media en 3.000; y el director de la asesoría jurídica, en 15.780 euros. Solo el jefe de sección estaba por debajo de ese promedio, mientras que los jefes de servicio están 2.300 euros por encima del máximo de otras diputaciones, según el informe de Martínez.
Esta filosofía de normalización no fue tenida en cuenta por el PP y esta semana aprobó la RPT con el acuerdo unánime de todos los sindicatos, que consolida una buena parte de estos problemas y diferencias. Aún más curioso fue hace dos años, cuando el PP había llegado a recurrir el asunto en el juzgado y finalmente lo aprobó por las presiones recibidas.