La Cámara podría oponerse a que se venda su sede para pagar deudas

Está a la espera de que se pronuncie la Xunta en una comparecencia en el juzgado


El Juzgado Social número dos convocó una comparecencia para el próximo lunes, a las 11 de la mañana, para tomar decisiones sobre la oferta de compra presentada por Vázquez Pousada para la compra del edificio de Ramón Ferreiro de la Cámara de Comercio. Esta decisión fue adoptada como consecuencia de la oposición a la venta, formulada por escrito por el anterior secretario de la entidad, Vicente Silva Meilán, que figura como acreedor y que duda de la legalidad de la operación.

El juzgado citó a los demandantes ?los 23 trabajadores? al Fogasa, a la Xunta, como administración tutelante, a la Cámara de Comercio y a Formación y Gestión Cameral SLU a la comparecencia en la que plantearán la posible aprobación de la única oferta de compra, las condiciones de la venta, la distribución del dinero que se obtenga y, también, la oposición que plantea el ex secretario.

La Cámara de Comercio, según explicó su presidente, Xabier Díaz, está a la espera de que se pronuncie la Xunta de Galicia sobre la venta, en su calidad de administración tutelante. El ex secretario, en el escrito presentado en el Juzgado Social solicitaba que la administración autonómica hiciera pública su postura. Hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

El presidente de la entidad, Xabier Díaz, recordó que en la anterior etapa, en la que él era vicepresidente, solicitaron que el edificio se declarara bien de interés público para que permaneciera en manos de la entidad, pero el juzgado respondió a esta demanda que no era el momento de debatir esa cuestión.

«No tenemos inconveniente ?dijo? en que se venda el mobiliario, pero sostenemos que el edificio es un bien público, pagado por los empresarios, como reconoce el ex secretario en el escrito». «Otra cosa ?dijo? es cuando no tengamos domicilio, dónde desarrollamos la actividad».

Otras fuentes consultadas señalaron que la ley de ámbito nacional es clara: tiene que haber una cámara por provincia.

El secretario se opone

En su escrito de oposición a la venta en la cantidad que ofrecía Ferreiro Janeiro, que retiró su oferta y quedó solamente la de Martínez Pousada, argumenta que la venta dejaría a 27.000 empresarios y comerciantes de la provincia sin «la sede de la corporación de derecho público a la que todos pertenecen por ley» y hace referencia al artículo 7 de la Ley 4/2014. Argumenta también que los empresarios con sus «exacciones legalmente obligatorias contribuyeron a adquirir y mantener a lo largo de los años».

«Todo ?añadía? en beneficio de una única empresa la cual con su oferta no alcanza a cubrir un mínimo porcentaje de la deuda existente, no solo con los trabajadores, sino también con la Tesorería General de la Seguridad Social así como con el Fondo de Garantía Salarial».

Administración tutelante

El ex secretario considera que resultaría «dudosísimo» que la Consellería de Economía, en su condición de administración tutelante «pudiese aceptar dicha enajenación, toda vez que desde la existencia de la misma, vino aportando anualmente a la Cámara de Comercio fondos públicos para que realizase las funciones público-administrativas encomendadas por la ley».

En su escrito el ex secretario hace alusión a que la Xunta aportó en su momento 168.000 euros para la reforma de la sede de Ramón Ferreiro y 1,2 millones de euros para el edificio del Forcam. Este inmueble pertenece ahora a Abanca.

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