La Fiscalía demandó una intervención urgente para evitar males mayores
17 abr 2018 . Actualizado a las 22:00 h.Una semana después de que la Fiscalía presentara denuncia en el Juzgado de Instrucción número dos, reclamando medidas urgentes para evitar que propietarios de pisos alquilados a una pareja rumana se vieran obligados a ceder a la extorsión para evitar males mayores, nada se ha movido. Diversas fuentes consultadas señalaron que las viviendas ocupadas, que el fiscal considera que lo están de forma ilícita, siguen en la misma situación. La huelga de funcionarios de justicia podría estar detrás.
El fiscal presentó una denuncia el pasado día 9 en la que interesa la práctica urgente de diligencias, a raíz de presentación de tres denuncias de particulares, que fueron acumuladas en un mismo procedimiento, contra la misma pareja de nacionalidad rumana a la que le alquilaron el piso. Una de ellas cedió a la extorsión pero las otras dos estaban a la espera de acontecimientos con los pisos ocupados, por lo que el ministerio público urgía que se tomaran medidas. Entre las solicitadas figura que se cite a la pareja rumana a comparecer en el Juzgado a prestar declaración en calidad de investigados, y que, en caso de que no lo hagan de forma voluntaria, que se acuerde su detención. También demandaba que se requiriese a los investigados «para que con carácter inmediato abandonen las viviendas ilícitamente ocupadas».
En su denuncia, la Fiscalía hace referencia a que en la primera de las denuncias se ha producido el pago, por lo que considera que en este caso la actuación no puede considerarse urgente. Sin embargo, «en los otros dos asuntos los titulares no han pagado todavía, aunque sí han sido requeridos de pago por los inquilinos denunciados».
«Se estima -señala la Fiscalía- que es posible evitar perjuicios mayores y de producción inminente, si se realizan las primeras diligencias citando de forma inmediata a los denunciados, para oírlos en declaración como investigados, con carácter previo a adoptar cualquier decisión que permita restablecer el orden jurídico perturbado».
El ministerio público entiende que si se prolonga la situación, los propietarios, como ya le comunicó alguno de ellos se verá obligado a pagar «ante la injusticia mayor que supone el incremento artificial de los recibos por parte de los arrendatarios».
Total indefensión
El fiscal recoge que la situación de la denunciante que pagó los 3.000 euros «es de total indefensión. Pero, según puntualiza, «no lo es por causa de la legislación vigente en materia de arrendamientos urbanos, sino debido a la conducta de la denunciada, en claro abuso de su posición legal como inquilina y de su posición ilícita e ilegítima ante la propietaria, a la que coloca a su merced, mediante el abuso de su condición de inquilina, desde la que ha generado consumos excesivos hasta ese momento y amenaza con incrementar aún más dichos consumos y gastos, de forma que es la propietaria quien va a sufrir todas las consecuencias negativas del ilícito comportamiento de la denunciada».
Indefendible jurídicamente
El ministerio público considera que en este caso la inquilina no solicita que le reconozcan los derechos de la legislación vigente en su condición de arrendataria «lo que podría ser defendible jurídicamente», sino que en claro abuso de la posición de fuerza en la que la ha colocado su previo actuar delictivo».
Lento es injusto
Es un dicho aceptado que si la justicia es lenta, no es justicia. Porque las cosas con el paso del tiempo cambian y en muchos casos la víctima ya no puede resarcirse del daño. Así que, con huelgas o sin ellas, el juez debería frenar en seco y cuanto antes esta injusticia social de una banda de personas que se dedican a sacarle dinero a propietarios de pisos. Tal como reclama la fiscalía, los afectados se encuentran en total indefensión.
Nuevos casos que generarán otros investigados y que podrían estar relacionados
La iniciativa presentada por la Fiscalía animó a otros afectados a presentar denuncias por casos similares. Como consecuencia de ello aparecieron nuevos afectados por contratos que firmaron con otras personas, también de nacionalidad rumana. Se da la circunstancia de que coincide alguno de los apellidos, de uno de los integrantes de cada una de las parejas, por lo que podrían ser familiares.
De todas formas en las viviendas no solamente se meten quienes alquilan, sino una legión de personas, procedentes de Rumanía. Entre ellas figuran ancianos y algunos niños pequeños, que están escolarizados en la ciudad.
La forma en la que actúan las dos parejas diferenciadas hasta el momento, a través de las denuncias presentadas, que alquilan viviendas, que no pagan y coaccionan con consumos excesivos a sus dueños, es idéntica en todos los casos. Incluso en la mayor parte de ellos coincide la cantidad que reclaman a los propietarios de los pisos para dejarlos libres.