Guerra de informes por las residencias

El gobierno asume el del secretario de la Diputación mientras que el PP y Martínez se aferran al del secretario de Suplusa

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lugo / la voz

En el pleno de la Diputación del pasado martes en el que se aprobó con los votos del PP y de Martínez que Suplusa siga con la gestión de las residencias provinciales se habló de que el conflicto era de carácter político y no jurídico, pero a la vez los diferentes portavoces hicieron valer informes y convenios que se contradicen unos a otros y que a los grupos les valieron para defender su voto y la legalidad o ilegalidad del mismo.

El secretario de la Diputación emitió un informe en el cual se basó el gobierno para quitarle el 9 de marzo a Suplusa la condición de medio propio para abrir las residencias, no así la encomienda para seguir construyendo más centros y otras actividades. Otro informe del secretario permitió al gobierno de Darío Campos aprobar los convenios con los concellos para abrir las residencias, sin tener que pasar por el pleno. El secretario considera que el control de la legalidad en la administración provincial reside en la Secretaría Xeral, y sobre este precepto jurídico el grupo del PSOE basa su acción de gobierno.

Otro informe del anterior secretario, de 21 de octubre del 2010, sobre la encomienda de gestión de los centros de mayores, señala que «las competencias son municipales» y que la encomienda a Suplusa «no supone cambio de titularidad de la competencia» ya que «el control y dirección del servicio se mantiene en manos de la Diputación, quien podrá intervenir cuando lo crea oportuno». Incluso, es más explícito cuando señala que Suplusa, aunque tenga personalidad jurídica, «actuará bajo la supervisión y control de la Diputación».

Con este argumentario, el gobierno de Campos considera que está legitimado para abrir y gestionar las residencias en colaboración con los concellos. Además, hace valer informes de Intervención, Contratación, Asesoría Xurídica y Benestar Social, emitidos por funcionarios cualificados de la Diputación.

Incluso, a nivel político, el portavoz del BNG, Xosé Ferreiro, echó un capote indirecto al PSOE cuando afirmó en el pleno del martes que «non é posible que se faga un poder paralelo á Deputación, é unha aberración, porque se está a converter nun contrapoder, ata o punto de que se nega a entregar documentación». Eso sí, Ferreiro fue crítico con el gobierno, al que acusó «de pedir oito anos despois un informe porque agora interesa cargarse Suplusa».

«Puntualizaciones»

Esta entidad mercantil, que preside Manuel Martínez, y cuyo argumentario apoya del PP de Elena Candia, tiene como secretario a Javier Giménez Miralles, quien el día antes del pleno del martes firmó un informe demoledor contra los criterios del secretario de la Diputación. En nueve páginas desmonta los argumentos del gobierno provincial uno por uno. La primera «puntualización» es de fondo ya que defiende que es el pleno el encargado de controlar y fiscalizar no solo la acción de gobierno sino también el consejo de Suplusa, recordando que los consejeros fueron nombrados por el pleno, no por el gobierno.

Otro aspecto que destaca este secretario (jubilado que no tiene condición de funcionario provincial) es que el pleno del 26 de octubre del 2010, por acuerdo unánime de todos, aprobó la encomienda de gestión a Suplusa para construir las residencias, quedando el presidente de la sociedad mercantil «facultado para la firma con cada Ayuntamiento de los distintos convenios particulares de colaboración en que se establecerán las condiciones propias y características técnicas individualizadas».

Otra de las «puntualizaciones» es que a Suplusa no se le puede quitar las competencias en la gestión de las residencias «cuando aún no ha empezado con su gestión». Incluso, señala que aunque se instruya un expediente para quitarle a Suplusa la condición de medio propio tiene que ser el pleno el que adopte el pronunciamiento definitivo.

El informe de Suplusa, que según fuentes del gobierno no habían recibido de forma oficial, incluso le recuerda al secretario de la Diputación que sus informes son de asesoramiento legal, «pero, en momento alguno, son vinculantes para el órgano que deba resolver». Y sobre las acusaciones de que no se le entrega documentación, Miralles lo niega.

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