Un pleno que podría acabar en los juzgados

El PP y Martínez votan que Suplusa siga con la gestión de las residencias y el gobierno dice que el acuerdo es ilegal


El pleno extraordinario pedido por el PP para pedir que Suplusa siga como medio propio y con la encomienda de la gestión para abrir las residencias provinciales fue de todo menos amable, y además de las amenazas y los dardos políticos, las consecuencias de la votación podrían acabar en los juzgados. La petición salió adelante con los doce votos del PP y el de Martínez, presidente de Suplusa, mientras que tuvo 9 en contra del PSOE (faltó el diputado Sotuela aquejado de una enfermedad) y los diputados del BNG se ausentaron del pleno en el momento de la votación.

Y es que la legalidad de sobre quién tiene la competencia para abrir las residencias y sobre qué órgano es el encargado de aprobar las decisiones (la comisión de gobierno, el pleno o incluso Suplusa) aún está por decidir. Cada uno de los tres grupos defendió sus argumentos, siendo más explícito en el plenario en cuanto a las consecuencias legales el portavoz del PSOE, Álvaro Santos, quien recordó que un informe del secretario permitía a la comisión de gobierno firmar convenios con los concellos y también quitarle la condición de medio propio a Suplusa, no así la encomienda para la construcción de residencias. Hizo pública una resolución del 2011 de la Xunta en la que se afirmaba que la titularidad de los centros era de la Diputación, no de Suplusa. Además, recordó que todo el proceso iniciado por el gobierno tiene los informes favorables de Secretaría, Intervención, Contratación, Asesoría Xurídica y Benestar Social. «Estes informes son os que valen, poderán gustar ou non, pero o acordo que queren aprobar aquí é unha ilegalidade».

La portavoz del PP, Elena Candia, al finalizar el pleno, preguntada sobre si su grupo acudirá al Contencioso si el equipo de gobierno no hace caso al acuerdo plenario, señaló: «É evidente que en algún momento haberá que dicir ata aquí». Candia defendió que su grupo es coherente con el modelo iniciado hace ocho años y que con el paso tomado ayer se podría abrir la residencia de Castroverde, «que é a que quere seguir no modelo anterior».

Por el BNG, Xosé Ferreiro, al que tanto desde el PSOE como del PP se le afeó que no acudiese al pleno del pasado viernes, pidió disculpas a los lucenses «polo espectáculo que se está a dar» y afirmó que «se estamos aquí discutindo é porque a Xunta non quixo facer as residencias, que son a súa competencia e non facelas sacando recursos dos concellos, que os necesitan para outras cuestións».

Las frases

«Seguimos debatindo sobre as mentiras do PP que só quere enredar para que non abran as residencias». Álvaro Santos. Portavoz del PSOE

«O PP non vai variar a súa folla de ruta porque os que están enfrente son amigos ou están enfadados». Elena Candia. Portavoz del PP

«Besteiro fixo o que quixo con Suplusa e agora pídese un informe porque interesa eliminala». Xosé Ferreiro. Portavoz del BNG

«Temos persoal e recursos que nolos deu a Deputación hai 8 anos, non a Martínez»

Manuel Martínez. Presidente de Suplusa

El gobierno aprobó los convenios para abrir los centros de Pol, Trabada y A Fonsagrada

Cuatro horas antes de que se celebrase el pleno pedido por el PP para demandar que Suplusa tenga la gestión de las residencias, lo que según los populares a día de hoy permitiría abrir el centro de Castroverde, el gobierno provincial que preside Darío Campos aprobaba en sesión de gobierno extraordinaria los convenios de las residencias de A Fonsagrada, Pol y Trabada.

Según Campos, la Diputación se compromete con una inversión de casi 3,5 millones de euros para cuatro años. «É o orzamento que tería que destinar para financiar o 100% das prazas a maiores da provincia con dificultades económicas durante dito período. Son 1.152.000 euros para cada un dos centros da terceira idade», señalaron desde el gobierno provincial. Tal y como aprobaron hace unas semanas en el protocolo de colaboración, las plazas serán en primer lugar para los vecinos del municipio donde está la residencia y centro de día, luego para los de la comarca y a continuación con el resto de mayores de la provincia. «A Deputación achega ata 600 euros ao mes por praza de residencia e 300 euros ao mes por xornada completa por praza de centro de día. De non seren suficientes estas cantidades, o organismo provincial tamén asume o déficit existente ao seren centros de Concellos de menos de 5.000 habitantes e, polo tanto, con menos recursos económicos».

Las plazas acordadas ayer son 30 de residencia y 20 de centro de día en Trabada; 28 de residencia y 20 de centro de día en A Fonsagrada; y 36 de residencias y 18 de centro de día en Pol.

Desde el gobierno provincial esperan aprobar en breve los otros tres convenios firmados con los alcaldes de Ribadeo, Ribas de Sil y Pedrafita. Además, volvieron a insistir ayer que no se hará una privatización del servicio y que se apostará «por un modelo de xestión público e directo, con contratos para os servizos»

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