La alegación que tumbó la RPT


lugo / la voz

En el palacio de San Marcos ayer no se hablaba de otra cosa. Y no era sobre las evidentes diferencias entre el presidente y el vicepresidente de la Diputación sino sobre la votación que impidió sacar adelante una relación de puestos de trabajo (RPT) que llegaba a pleno tras cuatro meses de negociación, 5.600 folios de expediente, un proceso de evaluación de todo el personal y un acuerdo único en los últimos treinta años en la institución al venir ratificado por todos los sindicatos.

La RPT, que afecta a unas 500 personas (392 funcionarios y 100 empleados de personal laboral) deberá volver ahora a la mesa de negociación, aunque ayer el presidente de la junta de personal, Antonio González Chaín, señalaba que estudiarán posibles medidas legales para intentar su aplicación. Eso sí, también reconoce que el asunto antes o después tendrá que regresar al pleno para su aprobación definitiva.

Chaín afirma que los sindicatos que aprobaron el documento se sienten «doídos, maltratados e utilizados, porque non entendemos que o mesmo expediente e coa mesma base legal que se aprobou en decembro, agora se rexeita e se cambia a nivel político». Este sindicalista, de la UGT, explicó que desde las filas del PP le manifestaron que se opusieron porque necesitaba de un aval jurídico que lo sustentase, «cando o documento veu avalado polo secretario que deu o visto bo e conformidade ao expediente de Recursos Humanos». Chaín señaló que hablarán con los diputados del BNG «porque non entendemos a súa postura e queremos desbloquear o asunto».

Sobre los despachos y pasillos de San Marcos venía planeando en las últimas semanas una famosa alegación que pudo hacer variar de postura tanto al PP, como al BNG e incluso, como señaló Darío Campos al terminar el pleno, al propio Martínez. Se trata de una alegación, que fue estimada parcialmente, pero que iba contra todo el contenido, con la advertencia de que si no se modificaba la RPT el interesado acudiría a denunciarlo ante el Estado, la Xunta, el Tribunal de Cuentas y la Justicia. La alegación señalaba que el acuerdo era ilegal, injusto y arbitrario.

«Hai melloras para soldos baixos

El presidente de la junta de personal recuerda, al respecto, que de los 500 trabajadores de la institución se presentaron 25 alegaciones, todas de carácter individual, con un 50 % aceptadas total o parcialmente. Hubo además cinco propuestas de mejora de trabajadores, avaladas por jefes de servicio, entre ellas las firmadas por el secretario y la diputada Sonsoles López en favor de trabajadores. «Era un acordo histórico que supoñía melloras para 320 dos 500 traballadores e que aumentaba as retribucións das persoas do escalafón máis baixo, os que cobran entre 900 e mil euros ao mes, xa que se pode chegar ao nivel I cun só ano traballado», explica Chaín.

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