El Juzgado Social Dos inició los trámites para subastar los bienes muebles
17 mar 2018 . Actualizado a las 23:07 h.Una empresa de Lugo, vinculada al sector de la construcción, presentó una oferta formal para la compra del edificio de la Cámara de Comercio, situado en la avenida de Ramón Ferreiro. Ofrece 900.000 euros por el inmueble, cuyo embargo fue instado en su momento por los antiguos trabajadores para poder recuperar parte de la deuda pendiente. La compañía se compromete a mantener la propuesta si no existen trabas técnicas o urbanísticas para desarrollar su labor en estas dependencias. Se compromete a que en el momento en que sea aceptada su oferta, contratar los servicios de un arquitecto para que realice un estudio de viabilidad técnico-urbanística para comprobar si hay dificultades para la implantación de la actividad y para la obtención de la licencia municipal.
La oferta llegó al Juzgado Social número dos a mediados del pasado mes de febrero. Esta instancia también está planteando la venta de los bienes muebles que había en los dos edificios que tuvo la Cámara de Comercio de Lugo, el Forcam, que ahora es de Abanca, y el de Ramón Ferreiro.
Los trabajadores, que pidieron que se aplazara la subasta en al menos dos ocasiones, tendrán que tomar en su momento la determinación de si venden o no el edificio. Es probable que no estén muy conformes con el precio, que supone 100.000 euros menos que la oferta que realizó en su momento la Diputación y que retiró finalmente.
El edificio fue tasado en al menos dos ocasiones. En la primera un profesional nombrado por el Juzgado Social estimó su valor en 1,5 millones de euros. Hubo una segunda opinión, a instancias del personal, y tomando como referencia otras variables no apreciadas antes, que concluyó que el inmueble valía 2,5 millones.
Los trabajadores podrían cobrar parte de la deuda que les reconoció una sentencia
En el momento en el que se venda el inmueble los trabajadores podrán cobrar parte de la deuda. Fuentes consultadas señalaron que si recaudan los 900.000 euros que oferta la compañía lucense, la veintena de trabajadores podría cobrar entre 20.000 y 90.000 euros, dependiendo de la deuda. Hay casos en los que están reconocidas cantidades muy elevadas, cuyos juicios se celebraron en una de las etapas en la que estuvo operativa una gestora nombrada por la Xunta, que no defendió a la entidad en las vistas.
Algunos trabajadores consiguieron cobrar parte de la deuda del Fondo de Garantía Salarial. Otros todavía están pendientes.
La venta del edificio y el abono de parte de la deuda contraída supondría un balón de oxígeno para los integrantes del nuevo pleno cameral, que tienen las manos atadas para acceder a las ayudas públicas especialmente diseñadas para las entidades camerales. La corporación de derecho público está al día con Hacienda, pero le falta saldar la deuda con la Seguridad Social. Hasta ese momento no tendrá acceso a los programas de subvenciones públicas.