Un mismo abogado lleva todos los casos de desahucio y utiliza maniobras para dilatar los procedimientos
26 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La banda integrada por personas de nacionalidad rumana, que hace caja con los alquileres de pisos, suelen disponer de varias viviendas ocupadas de forma simultánea. Así tienen garantizado un lugar para vivir si llegan a un acuerdo con los dueños para cobrar por marcharse, o si finalmente llega el juzgado a desalojarlos. La pesadilla puede durar tres meses, si paga, o diez, si desahucia. El propietario no se libra de gastos en ninguno de los dos casos, tanto por los recibos, como por las reparaciones que necesita la vivienda, una vez que se marchan los inquilinos. Algunos afectados constataron que el grupo de extranjeros, que se mueve en coches de alta gama, recibe apoyo de personas de nacionalidad española, tanto en el momento de acordar el alquiler, como en el de solicitar el dinero para dejar libre el piso.
¿Cómo se desarrollaron los desahucios?
Los integrantes de la banda ofrecían, casi siempre, la posibilidad de llegar a un acuerdo económico para marcharse. Hubo casos de propietarios que no aceptaron esta práctica y siguieron adelante con el procedimiento de desahucio, que supuso una media de 11 meses, desde el momento en el que presentaron la demanda, según confirmaron los propios afectados. Meses de noches sin dormir, con protestas del resto de los propietarios del edificio por los ruidos y comportamiento de los inquilinos. Letrados que asistieron a los afectados confirmaron que la táctica usada por el abogado de la parte contraria, que es siempre el mismo, es idéntica y les permite alargar en el tiempo la presencia en las casas. No recogen citaciones ni acuden a los juicios. Los dueños presentan la demanda, -necesitan personarse con abogado y procurador- después de requerir el pago de la deuda a través de burofax. El representante de los inquilinos se opone, pero en este caso no aportan el correspondiente poder, con lo que cuando llega el momento del juicio tiene que ser aplazado y se dilata más el procedimiento. Ellos nunca aparecen. La vista no se celebra y el secretario judicial acaba dictando un decreto en el que da por terminado el juicio y fija la fecha del lanzamiento (desalojo).
¿Qué ocurre mientras no resuelve el juzgado?
El propietario ve cómo le van llegando facturas de luz, de agua y de gas por consumos cada vez más elevados. Los inquilinos nunca encuentran momento para cambiar la titularidad de los recibos, después de firmar el contrato, en algunos en coches de los miembros de la banda, en el portal o en un bar. Cuando se deciden a iniciar el procedimiento de desahucio, empiezan las minutas de abogado y de procurador, sin cobrar nada del alquiler, salvo la primera mensualidad y la fianza. Cuando ven que queda el piso libre es el momento de evaluar los daños - el seguro los tasó en algún caso en 11.000 euros- y de comprobar qué falta en la casa. Varios afectados constataron la desaparición de muebles, alfombras o cortinas; encontraron ganchos en las cerraduras de los dormitorios como si hubieran colocado candados, lo que da pie a pensar que las habitaciones estuvieron alquiladas a personas al margen del grupo. Los vecinos del bloque vieron cargar furgonetas con enseres en los días previos a los desalojos.
¿Qué se puede hacer después de recuperar el piso?
Poca cosa. Después de la experiencia vivida la mayoría quiere olvidar y vender el piso cuanto antes para que no siga dándole problemas. Quienes presentaron denuncias en comisaría -hay algunas, por lo que la policía tiene constancia de lo que está ocurriendo- las retiraron. En unos casos por miedo a sus antiguos inquilinos, catalogados como una banda peligrosa, y en otros, porque no están seguros de que sirvan para nada. Las demandas para reclamar el pago de las mensualidades pendientes tampoco están siguiendo su curso. La falta de esperanza en recuperar el dinero es la principal razón.
¿Se puede denunciar a posteriori?
Los expertos aseguran que no tiene mucho sentido hacerlo de forma individual, pese a algunas recomendaciones. Sobre todo por el colapso que sufren los juzgados como consecuencia de las macrocausas que siguen activas, y salvo que la denuncia sea colectiva y que en lugar de encauzarla por la vía civil, que es en lo que se amparan las fuerzas de seguridad para no actuar, sea susceptible de la penal.
¿Los que pagaron pueden denunciar?
Sí. El problema es cómo justifican que entregaron el dinero. La integrante de la banda cuenta los billetes a velocidad de casino cuando los recibe, según aseguran los afectados, pero no da recibo, ni cobra a través de ingreso bancario, con lo que no hay pruebas concluyentes que puedan aportar en un procedimiento penal. Es diferente, según fuentes consultadas, si son varias personas las que denuncian situaciones similares. Entonces podría funcionar un procedimiento penal por estafa, coacción o extorsión.