Once propietarios de O Carmen reclaman 2,5 millones por los retrasos en la gestión urbanística de esta zona

Enrique Gómez Souto
enrique g. souto LUGO / LA VOZ

LUGO

kike

25 ene 2018 . Actualizado a las 19:26 h.

Once propietarios de terrenos en O Carme reclaman al Concello alrededor de 2,5 millones en concepto de responsabilidad patrimonial por lo que consideran retraso sufrido en la tramitación de todo el proceso urbanístico desde que en 1994 el TSXG les dio la razón y reconoció como urbanos terrenos que en el PGOU de 1990 figuraban como urbanizables no programados. Las cantidades reclamadas tienen importes muy variados; una de las más altas asciende a 500.000 euros. En la mañana de ayer, en el juzgado de lo Contencioso número 1 se desarrolló la fase de prueba de seis procedimientos. Prestaron declaración cuatro técnicos municipales y un perito de los reclamantes.

La representación legal del Concello considera que la sentencia de 1994 fue ejecutada con la modificación puntual del PXOM publicada en los diarios oficiales en 2011. Si la reclamación patrimonial se apoyase en el retraso en la ejecución de la citada sentencia, la reclamación tendría que haber sido presentada un año después de la modificación puntual del PXOM. La expropiación de los terrenos, fue tramitada dentro del plazo de cinco años previsto en la modificación del PXOM. Y se está dentro del plazo de dos años para la urbanización del suelo obtenido para sistema general viario o viario local.

En medios municipales existe el convencimiento de que dichas reclamaciones no prosperarán. En todo caso, si llegasen a prosperar pondrían al Concello en una seria complicación.

Proyecto

Hay que recordar que el gobierno local lucense prevé una amplia intervención en esa parte de la ciudad con cargo a los fondos europeos de la estrategia de desarrollo urbano sostenible. En O Carme, en la actualidad, hay vertidos de aguas residuales que corren a cielo abierto en las inmediaciones del Camiño Primitivo. La imposibilidad de desarrollar esta parte de la ciudad constituyó una verdadera frustración para todos los gobiernos locales desde la Transición.

En un caso, la cantidad reclamada al Ayuntamiento supera los 500.000 euros

En el Juzgado de lo Contencioso 1 se desarrolló ayer la fase de prueba de seis procedimientos