Los integrantes de la banda que extorsiona a propietarios ya están viviendo en otra piso de A Cheda
25 ene 2018 . Actualizado a las 10:26 h.Las versiones que facilitaron los dos propietarios que reconocieron haber pagado 3.000 y 1.500 euros, respectivamente, para que les dejaran libres sus pisos, dan algunas claves acerca de cómo actúa la banda que los alquila para lucrarse. Sus componentes ya encontraron un nuevo alojamiento en el barrio de A Cheda, al que se acaban de mudar después del último desalojo, iniciando un procedimiento muy similar a los otros casos.
con contrato
Lo firman siempre mujeres. Quien da la cara es una pareja, joven, que habla perfecto castellano, que dice que no tienen hijos y con una apariencia que transmite confianza. Aseguran que trabajan en las ferias y que quieren ganar dinero para volver a Rumanía. El contrato lo firma la mujer, siempre. Existen varias explicaciones. Una de ellas es que si finalmente el propietario va al desahucio, aparecen los hijos y es más complicado el desalojo si hay menores por el medio. Eligen pisos confortables y con calefacción, nunca infraviviendas. Se conocen la legislación al dedillo y hacen saber que están muy bien asesorados por un profesional de la abogacía que les cobra poco. Se amparan también en que, al tener un contrato en vigor, la policía tiene las manos atadas para actuar porque considera que se trata de un asunto que ha de resolver la vía civil. Y eso es así.
recibos
Consumos excesivos. Los inquilinos depositan fianza y la primera mensualidad. Se muestran conformes con cambiar de titularidad los recibos de agua, luz, calefacción y gas, pero nunca encuentran el momento adecuado para hacer el cambio. Las disculpas son múltiples: un viaje, una enfermedad, una boda... Al impago de la mensualidad se suman los consumos excesivos, que aumentan a medida que van creciendo la tensión entre propietario e inquilino. Los utilizan como forma de coacción para que paguen para que les dejen la vivienda libre antes de que venzan los seis meses del contrato. También, según algunas fuentes consultadas, tratan de incordiar al vecindario para que presione al propietario del piso para que arregle la situación.
preparando el terreno
Fuertes golpes y pisos colectivos. Primero llega la pareja, después los hijos. Poco a poco se van incorporando otras familias con niños y personas mayores. En algunas viviendas los vecinos llegaron a contar 20 personas. La casa nunca queda vacía por si al dueño se le ocurre entrar y cambiar la cerradura, algo que, por ley, no podría hacer. Tendría que esperar a que hubiera sentencia de desahucio. En ese momento sí podría solicitar la intervención de la policía. Estos procesos son lentos. Los inquilinos lo saben y lo utilizan como arma de presión para conseguir el dinero.
negociación
Pagar para marcharse. Una vez que empiezan las desavenencias, los consumos en el hogar se disparan todavía más, posiblemente para acelerar el proceso de desalojo. La calefacción está encendida al máximo todo el día, las ventanas abiertas y los moradores, dentro, en manga corta. La inquilina no tarda en fijar el precio por desalojar el piso, con la advertencia de que si el dueño se resiste a hacerlo, se arriesga a tener que pagar más, a la larga porque en seis meses, como mínimo, no va a abonar la mensualidad y va a hacer uso de los servicios, sin control. De hecho, uno de los afectados, cuando entró finalmente en su vivienda, después de satisfacer el importe que le pedían, se encontró la calefacción a tope y los radiadores ardiendo. De los posibles daños no se habla claramente, pero están, al menos en la mente del propietario, cuando el vecindario le comenta que se escuchan fuertes golpes, similares a la demolición de tabiques y que acaba cediendo a los tres meses y paga para evitar males mayores. Se evita otros seis meses como mínimo en los que no sabe qué puede estar pasando en un piso al que no puede cortarle la luz, ni el agua, ni el gas porque estas actuaciones estarían considerado como una coacción hacia el inquilino.
el pago
¿Cuánto dinero?. Este periódico tiene constancia de abonos de 1.500 euros (en este caso empezó en 1.200, pero ante la negativa inicial a pagar fueron aumentando la cantidad) y de 3.000 euros, de dos casos concretos, pero posiblemente haya algunos más. Esta forma de actuar está constatada al menos desde el verano del año 2016. Si es cierto lo que cuentan a los propietarios de los pisos, anteriormente se movieron por otras zonas de la provincia. No hay ninguna denuncia presentada en comisaría, al menos de momento, según constataron fuentes policiales. Los afectados pagan, recuperan la vivienda y callan. En la mayor parte de los casos por temor a posibles represalias.
el desalojo
Pertenencias en bolsas de basura. Una vez que el dueño del piso paga, dejan la vivienda libre. El propietario se ve obligado a cambiar la cerradura de su piso y la de las zonas comunes para evitar que puedan volver a instalarse, ellos y otros, esta vez vía patada en la puerta. Para ese momento los integrantes de la banda ya disponen de una nueva vivienda a la que trasladarse, al menos durante tres meses. La presencia de agujeros en las puertas de los dormitorios de alguno de los pisos hacen pensar en la posibilidad de que estas habitaciones hayan sido realquiladas temporalmente.