La regidora lucense trendrá que declarar en marzo, al igual que el exalcalde Orozco y la actual directora de recursos humanos
21 oct 2017 . Actualizado a las 20:24 h.La alcaldesa lucense Lara Méndez fue citada para declarar el 21 de marzo del año que viene en calidad de investigada por un presunto delito de malversación. La regidora recibió la citación en la que también figuran como investigados el ex alcalde socialista López Orozco y la directora de recursos humanos, Ana Sáez Mancebo, que anteriormente desempeñaba como letrada asesora del Concello de Lugo. De la investigación se ocupa la jueza Pilar de Lara.
La intervención de la jueza se produce como consecuencia de una denuncia presentada en el mes de julio de 2016 por el sindicato CSIF que ponía en conocimiento de la justicia la persistencia de varios gobiernos locales en mantener como letrada asesora a Ana Sáez, pese a numerosas resoluciones judiciales contrarias. Los representantes del sindicato explicaron en su momento que la funcionaria había percibido durante varios años un complemento específico muy superior al de su puesto, «por lo que pensamos que esto puede ser constitutivo de un enriquecimiento ilícito a consta del erario».
Según CSIF, en el año 2013, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hizo constar en una sentencia la posible existencia de responsabilidades disciplinarias y penales en esta cuestión por parte de quienes proporcionaron la prolongación supuestamente ilegítima. Ana Sáez fue nombrada en 2011 en comisión de servicio letrada asesora. El sindicato recurrió y ganó, pero en 2013 la funcionaria fue designada para el puesto y de nuevo CSIF ganó otro recurso.
El gobierno local dio a conocer en un comunicado que «tendo en conta que o prazo para a execución da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulou a comisión de servizo da citada funcionaria remataba no mes de maio de 2016 e considerando a dficultade para a cobertura dun posto que leva aparellado a representación e defensa desta administración e a necesidade de alterar o menos posible o normal funcionamento da mesma, o Goberno estima que a sentenza que se executou nun tempo máis que razoable, pois a traballadora foi cesada no mes de xullo do mes mo ano». Finaliza la versión del gobierno local indicando que este «actúa conforme á legalidade vixente e brinda a máxima colaboración coa xustiza».