El alcalde de Palas sigue a la espera de que le notifiquen su sentencia

Anuncia que recurrirá al Supremo su inhabilitación como regidor una vez que reciba la notificación oficial del fallo de la Audiencia de Lugo


Lugo .

El alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, confirmó que, después de analizar con sus abogados los términos de la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo que lo inhabilita para ejercer como cargo electo durante nueve años junto con sus abogados, presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, el regidor local precisó que la sentencia todavía no le ha sido notificada de forma oficial, aunque sí la tiene su procurador, por lo que tendrá que esperar a su recepción para que se abra el plazo legal para formular ese recurso ante el Supremo.La demora en recibirla se debe a ser el mes de agosto inhábil judicialmente.

En su momento, cuando el 20 de julio se hizo pública la sentencia, el regidor de Palas de Rei calificó la resolución judicial como «completamente desmesurada», además de asegurar que su «sentimiento de inocencia es pleno». «No esperábamos esta sentencia. Nada más lejos de mi imaginación, pero la Justicia es así. La respeto, pero no la comparto», dijo entonces Taboada.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo condenó al alcalde de Palas de Rei, Pablo Tabodada, así como a su predecesor en el cargo, Fernando Pensado, y a cuatro miembros de la corporación local en el momento de los hechos juzgados a nueve, ocho y siete años de inhabilitación, respectivamente, para desempeñar cualquier cargo electo en la administración local, por el delito de prevaricación.

Asimismo, condenó a quince meses de prisión al regidor local y al ex alcalde por los delitos de acoso laboral a la secretaria municipal del Ayuntamiento de Palas de Rei, y a penas que suman 27 meses de cárcel a tres funcionarios municipales por el mismo motivo.

El actual alcalde y su antecesor en el cargo se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial en un juicio que comenzó el pasado 13 de junio y se prolongó durante una semana.

Junto a ellos, comparecieron como acusadas otras nueve personas -entre concejales y funcionarios-, para responder por los supuestos delitos de prevaricación y acoso en el trabajo, a raíz de la denuncia que interpuso contra ellos la secretaria municipal, Celia González.

El ministerio fiscal acusaba a ambos alcaldes, al actual y a su antecesor, de un delito continuado de prevaricación, por el que les pedía una pena de diez años de inhabilitación para cargo público y una multa de 3.600 euros; y de un delito de acoso en el trabajo, por el que solicitaba para cada uno de ellos una condena de dos años de prisión.

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