El Ánxel Fole, una peripecia de 25 años

Miguel Cabana
miguel cabana LUGO / LA VOZ

LUGO

La primera licencia de obra es de 1990 y los propietarios recuerdan muchas irregularidades de la administración

15 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La pesadilla del párking Ánxel Fole comienza en 1990, cuando le conceden la licencia de obra, no a los actuales promotores, los hermanos Mazoy, sino ya a sus padres, porque es un proyecto que ya afecta a dos generaciones.

Con licencia del año 90, las obras no consiguen iniciarse hasta 1998, porque al estar al lado de la Muralla se necesitan permisos de patrimonio, de la Xunta, y excavaciones arqueológicas. La construcción como tal arranca en 1998, pero un año antes, 1997, había entrado en vigor el Pepri, el plan urbano que rige el interior de la muralla. Si la licencia no estuviese concedida, ya no se hubiese dado, porque el Pepri creó una unidad de intervención en esa zona (entre las calles Progreso, Nóreas, Teatro y la Muralla), llamada unidad de intervención Uno. Y dentro de cualquier unidad de intervención del Pepri no se podían dar licencias sin desarrollar urbanísticamente toda la unidad. Por tanto, se podría decir que el aparcamiento nació casi «ilegalizado» por el Pepri, porque se estaba ejecutando una obra con una licencia en regla pero sin desarrollar ni urbanizar toda su área. Sin embargo, la ley dice que una obra tiene que ejecutarse según la licencia concedida en su momento -aunque luego cambien la normativa- y por ello los promotores tenían que continuar adelante. Y así lo hicieron, hasta que advirtieron que el Pepri recién nacido marcaba una calle exactamente sobre el lugar donde estaban construidas las rampas de bajada al párking. Entonces los promotores informaron a la Xunta y le propusieron voluntariamente cambiar de sitio las rampas para evitar un futuro problema cuando se construyese la calle. La Xunta les contestó que le parecía bien y entonces le comunicaron también el cambio al consistorio. Luego, cambiaron de sitio las rampas, para que no interfiriesen en la futura calle. La obra prosiguió, pero el concello no llega a autorizar ni a ordenar ese cambio de ubicación. Sin embargo, los promotores redactan el obligatorio plan de reforma interior de la unidad (Peri), que aprueban tanto la Xunta como el Concello -con las rampas en su nueva ubicación-. En este punto los promotores ven una ilegalidad de ambas administraciones.

Finalmente, cuando se acaba el párking, reflejan en el proyecto de fin de obra el cambio de las rampas, pero el técnico municipal considera que es una modificación demasiado importante como para aprobarla a posteriori, y obliga a pedir una nueva licencia con las rampas en su nueva ubicación. Y ese fue el momento crucial del nudo gordiano, porque ya no era posible obtener nueva licencia dentro de esa unidad, debido al Pepri.

A partir de entonces los propietarios intentan legalizar el párking inútilmente porque no se puede dar licencia de obra sin desarrollar toda la unidad; y la unidad es imposible, entre otras razones, porque toda la propiedad construida de los Mazoy tendría que estar exactamente encima del párking, lo cual imposibilita cumplir los porcentajes para cada propietario. Y así sigue el párking sin permiso.

Tras la denuncia presentada por la Policía Local el 31 de marzo de 2015, el concello decide cerrarlo para evitar la ilegalidad. El promotor presenta otro proyecto para intentar una nueva legalización. Siempre quedan posibilidades, como dividir la finca en dos partes o hacer una unidad especial de desarrollo del Pepri, si los servicios jurídicos municipales lo aceptasen. Y si no fuese así, el párking corre riesgo de cerrarse y agravar el problema de aparcamiento en el centro.

Expertos en urbanismo dicen que es raro que el Pepri trace una calle por la mitad de una finca sabiendo que allí ya hay un párking con licencia y con excavaciones en marcha, porque va a provocar un conflicto.

La situación ahora es tan esperpéntica que el ayuntamiento emite órdenes de imposible cumplimiento. La última fue pedir a los propietarios que repusiesen la obra a su estado inicial, es decir, que demoliesen las rampas, pero para ello necesitan licencia de obra, y el concello no puede darla dentro de una unidad de intervención no desarrollada.