Tanto en el escrito de contestación al requerimiento judicial como posteriormente, el vicepresidente Álvaro Santos manifestó que lamentaba «a situación dos traballadores da Cámara de Comercio afectados no proceso xudicial». Sin embargo, insistió en que el organismo provincial «non pode infrinxir o ordenamento xurídico acordando a adquisición directa».
Los antiguos trabajadores de la Cámara de Comercio están a la espera de que el Juzgado Social venda el inmueble de Ramón Ferreiro para poder cobrar parte de la deuda pendiente, tanto de salarios como de indemnizaciones, que tienen reconocida judicialmente. Supera los dos millones de euros, con lo que, en caso de que vendan el inmueble por un millón no podrán recuperar ni la mitad. Tampoco se sabe cómo sería el reparto.
También está pendiente de la venta del edificio la nueva directiva de la Cámara de Comercio, que tiene en estos momentos las manos atadas para poder tomar decisiones. El inmueble fue valorado inicialmente por un perito nombrado por el juzgado en 1,5 millones. A instancia de los trabajadores realizaron otra peritación, que tasaba los 2.400 metros, repartidos en cuatro plantas y garaje independiente, en 2,5 millones. El inmueble está cerrado y sin ningún uso desde la primavera del año 2014.
El requerimiento judicial posiblemente tenga que ver con el anuncio efectuado por la Diputación en el mes de octubre pasado de que renovaba el contrato de alquiler del actual local de Recaudación. El juzgado tendrá que decidir qué hace ahora.