El juicio de la Rei volvió a destapar un presunto escándalo urbanístico de magnitud: el del Marbella; un edificio de Castro Ribeiras de Lea, con al menos una planta más de las permitidas. Y fue un vecino el que luchó para que alguien hiciera algo, pero aún no lo consiguió. Por el camino, el promotor lo indemnizó y el arquitecto del edificio fue condenado. Ahora el constructor podría ser objeto de unas diligencias por un presunto falso testimonio. Dijo que el edificio tenía licencia y se adaptó a la normativa.
El vecino recurrió a un abogado de Burgos para que le llevara la defensa. Este, en las conclusiones, dijo que estaba asombrado de que en Terra Chá no tiren las casas ilegales. «En mi tierra, eso no sucede», advirtió.
El letrado habló del duro camino seguido por su cliente. «Presentó muchos escritos y no le hacían ni caso. Estos señores (refiriéndose al exalcalde, los exconcejales y la secretaria municipal) eran funcionarios públicos, al servicio del ciudadano y no se molestaron en contestarle, ni a las peticiones del letrado. Estaban haciendo un plan urbanístico a la carta para legalizar el edificio», apuntó.
«Se consintió que se vendieran viviendas ilegales. El Ayuntamiento de Castro nada hizo por evitarlo. Ni tan siquiera dieron cuenta a la Fiscalía (...) Querían defender el «interés público»... de los constructores. ¡Cuarenta señores compraron casas ilegales sin licencia de ocupación!», indicó. «Había que darle maquillaje al asunto», señaló después.
El letrado habló de su cliente. «Es muy pesado», haciendo referencia a conversaciones en las que algún funcionario avisaba de que había pasado por el consistorio «el pesao». «Estaba loco, era el tonto del pueblo...», dijo sarcásticamente en referencia a su cliente. «Está un poco loco, pero no tanto», advirtió finalmente.