El fiscal deja la petición para el exalcalde en 10 meses de prisión y retira la acusación a la exconcejala Ana Canto

LUGO

Retiró la acusación de prevaricación a la secretaria municipal y tampoco solicita prisión para ella

18 jun 2016 . Actualizado a las 18:27 h.

El juicio de la operación Rei entró en la recta final. Ya informó el fiscal y el abogado de la acusación particular y para la última sesión, la de la tarde, queda el resto de abogados de los acusados. El fiscal llevó a cabo modificaciones que supusieron la retirada de la acusación para la exconcejala socialista Ana María Canto. Asimismo, dejó en diez meses la petición de cárcel para el exalcalde, Juan José Díaz Valiño, para el que inicialmente solicitaba cuatro años y diez meses. Los cambios también beneficiaron a la secretaria municipal para la que también retiró la petición de pena de cárcel, dejándola  en seis meses de suspensión de empleo de cargo público.

Finalmente las peticiones del Ministerio Público para los acusados que son o fueron cargos públicos son las siguientes:

Juan José Díaz Valiño (excalcade del PSOE). Prevaricación continuado, nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o concejal. Falsedad en certificado, seis meses de suspensión de empleo o cargo público. Tráfico de influencias, diez meses de prisión, 30.000 euros de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o concejal por cuatro años y cinco meses. Delito continuado de cohecho, multa de 3.000 euros y suspensión de empleo o cargo público de alcalde o concejal por dos años.

Antonio Balado Teijeiro (exconcejal de Aguas del PSOE). Delito continuado de prevaricación, nueve años de inhabilitación especial para cargo de alcalde o concejal.

Roberto Lorenzo Fernández (Exteniente de alcalde por Terra Galega y actualmente ocupando el mismo puesto pero en las filas del Partido Popular). Delito continuado de prevaricación, nueve años de inhabilitación especial para cargo de alcalde o concejal.

Ana María Canto Rodríguez. (Exconcejala socialista). Absuelta.

María José Fernández Legaspi. (Secretaria Municipal). Falsedad en certificado, seis meses de suspensión de empleo o cargo público.

Para  un ingeniero de montes y un arquitecto, el fiscal reclama nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con corporaciones municipales, para el primero y seis meses de suspensión de empleo o cargo público, para el segundo. En la lista queda un empresario al que acusa de tráfico de influencias y que se enfrenta a una petición de nueve meses de prisión y una multa de 30.000 euros.

Estas nuevas peticiones del fiscal se produjeron después de que acabaran todas las declaraciones del largo juicio que hoy entró en su tercer día. A lo largo de la mañana pasaron por la sala de audiencia cargos de la Diputación y también el diputado y alcalde de Becerreá, Manuel Martínez; la alcaldesa de Guitiriz, Regina Polín y el de Chantada, Manuel Varela. Ellos, estuvieron como diputados en la mesa de contratación que dio un contrato al empresario al que acusa el fiscal de supuestamente pedir a Juan José Díaz Valiño que intercediera por su empresa cuando desempeñaba como diputado provincial.