El instructor también reclama casi cuatro millones de euros a otros diez implicados entre los que se encuentra el empresario lucense
14 jun 2016 . Actualizado a las 00:23 h.El juez tiene lista para llevar a juicio la larga y polémica operación Campeón, que comenzó hace más de cinco años, y acaba de decretar la apertura del correspondiente juicio oral cuya fecha corresponde fijar a la Audiencia Provincial.
El instructor mantiene la acusación formulada por el fiscal que afecta a un total de 13 personas. El empresario lucense Jorge Dorribo Gude es el que acumula un mayor número de delitos, con un total de diez y una petición total de 24 años de cárcel. Todos los delitos tienen relación con un presunto fraude en subvenciones y préstamos solicitados al Igape. De hecho, en la relación de imputados figuran varios excargos de dicho organismo como es el caso Joaquín Varela de Lima Cominges, Carlos Silva Liste y Cristina Quintela Sánchez. Está también en la lista, el ex diputado del Partido Popular, Pablo Cobián, para quien el fiscal reclama nueve años de cárcel y multas por más de diez millones de euros.
En el auto en el que el juez, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo (la juez que llevó prácticamente toda la instrucción está destinada actualmente en Huelva), reclama para diez de los trece acusados el pago inmediato de 3.942.558 euros en total, «para asegurarlas responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles». Advierte que, en caso de no entregar dicha cantidad, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma indicada. Además, requiere al empresario lugués Jorge Dorribo para que, a mayores, preste una fianza de 621.610 euros, para asegurar también sus responsabilidades a la hora del pago de posibles indemnizaciones que se fijarían en la futura sentencia.
La operación Campeón, que pasó por diversos avatares, tuvo multitud de imputados, pero el fiscal redujo finalmente a trece la lista, si bien hay que tener en cuenta que generó algunas piezas separadas de la principal. En su momento la jueza había enviado al Supremo el caso del exministro socialista José Blanco, involucrado en esta operación, pero el alto tribunal consideró que no incurrió en ningún tipo de delito.