El sobrecoste de un 110% en las obras de la UNED no oculta delitos, según el fiscal 

Roberto Brezmes archiva la denuncia presentada por Elena Candia, del PP


El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, dio carpetazo a la denuncia presentada por Elena Candia, cuando ostentaba la presidencia de la Diputación, por la comisión de presuntos delitos en las obras de la UNED de Lugo. Estima el representante del Ministerio Público que hubo «déficit de rigor» en el anteproyecto, pero en el incremento de los presupuestos no se produjo malversación de caudales públicos. Tampoco vio que hubiese prevaricación. La tramitación fue toda ella realizada por los anteriores gobiernos, presididos por José Ramón Gómez Besteiro.

Advierte Brezmes que los hechos denunciados por Candia «ya adolecían de cierta inconcreción, tanto en las conductas que podrían ser constitutivas de delito como con respecto de las personas que pudieran haberlas cometido». A mayores, la información adjuntada con la denuncia «era ciertamente parcial e incompleta, puesto que no se facilitó el expediente íntegro, a pesar de que se encontraba a disposición de la corporación presidida en ese momento por la denunciante».

El fiscal considera que el desfase presupuestario del 110% citado por Candia, no puede implicar una malversación de caudales públicos. Destaca que hay justificación  a esa cuestión, que fue aportada por el arquitecto redactor del proyecto e incorporada al expediente administrativo. El fiscal legó a llamar a declarar al autor del proyecto quien reconoció que su primer estudio serio sobre la obra permitió comprobar que los trabajos a realizar eran mucho más amplios de lo que se preveía en el anteproyecto de la Diputación que sirvió de base para la adjudicación de la obra.

«Es verdad que el coste definitivo de la obra fue muy superior al inicialmente previsto, pero también lo es que hay una justificación objetiva (...) El sobrecoste no supone que los fondos públicos, ni en todo ni en parte, hayan sido sustraídos o empleados en fines ajenos a la función pública», explica el fiscal.

En cuanto a supuestas anomalías en el proceso administrativo el fiscal asegura que no se pudieron acreditar, pero aún en el caso de que fuer así, «solo serían dignas de análisis en el seno de un expediente de investigación penal si guardan relación con la supuesta comisión de un delito, ya sea el de prevaricación señalado por la denunciante o algún otro». «Y en este punto ?explica Brezmes? hay que dejar claro que las irregularidades o deficiencias administrativas no implican por sí solas ilicitud penal, ni siquiera ilegalidad administrativa. Hay cantidad de defectos que pueden aparecer en el ámbito de la contratación administrativa, debidos en muchos casos a la complejidad  del procedimiento, que en caso de ser advertidos pueden tener fácil subsanación con los mecanismos que la propia legislación establece al efecto».

En cuanto a la adjudicación del contrato fuera del plazo máximo que establece la ley, el fiscal lucense dice que esa deficiencia que apreció  la expresidenta provincial Elena Candia, «más bien parece una mera irregularidad que no tiene por qué suponer ilegalidad o vulneración de las normas sobre contratación administrativa»

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