La jueza cita como investigado al primer dueño de los terrenos de O Garañón

LUGO

También tendrá que declarar el gerente de la empresa que reformó el piso de Besteiro

29 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La operación Garañón suma dos nuevos investigados. Se trata del constructor y promotor José Antonio Díaz y de Manuel Jesús Vázquez Corredoira,  que haría funciones de gerente en Construcciones Pedrouzo, la empresa a la que en su momento habría encargado la reforma de un piso el actual secretario de los socialistas gallegos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro. 

 Los dos fueron llamados para prestar declaración el próximo día 9 de marzo, a partir de las diez y media de la mañana. Vázquez Corredoira intervendrá como supuesto autor de tráfico de influencias y cohecho. José Antonio Díaz, podría haber incurrido en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro de alteración de precios en concursos públicos.

La jueza del caso considera que  Gómez Besteiro compró el 30 de diciembre de 2004, siendo concejal de Urbanismo en Lugo, a la empresa Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández el polémico piso de segunda mano de la avenida de Ramón Ferreiro que posteriormente reformó. La citada firma había vendido el 19 de mayo de 2004 los terrenos que tenía en la unidad de actuación CS5, conocida como O Garañón, al promotor ourensano Ricardo Iglesias, que fue el que finalmente levantó las polémicas torres, ahora abandonadas. 

Fechas

El precio de la venta del piso fue de 138.232.000 euros. Besteiro supuestamente pagó 36.000 euros en metálico a Alfonso Quiroga Berdeal, representante de Construcciones J. A. Díaz y después le entregó un cheque de 102.232. La jueza estimo que pudo haber irregularidades en los pagos en base, entre otras cuestiones a las fechas en que se realizaron esos abonos.

La instructora entiende que Besteiro encargó la reforma del piso a la empresa Construcciones Pedrouzo. El gerente, ahora investigado, Manuel Jesús Vázquez Corredoira, indicó la jueza es «cuñado de María Novo, quien ulteriormente sería concejal de Urbanismo». Para  realizar esas obras, según De Lara, fue el propio Besteiro el que se concedió licencia. 

Pedrouzo, supuestamente no declaró el cobro del dinero de las obras «ni el mismo aparece reflejado en los libros de contabilidad de la empresa». La jueza estima que, en cualquier caso, Besteiro «habría recibido un trato ciertamente especial en el pago de las obras de reforma». Incluso en algún momento la responsable de la instrucción llegó a afirmar en un presunto «carácter ficticio de la operación»