La justicia tardó 5 años en resolver el robo en la tragaperras de un bar

Algunos de los autores se libraron por prescripción del delito

la voz

Casi cinco años ha tardado la justicia lucense en resolver el robo en una máquina tragaperras en un bar de la ciudad. El retraso ha provocado que algunos de los autores se libraran sin ningún tipo de pena porque su responsabilidad criminal fue considerada como prescrita dado el tiempo transcurrido sin mover un papel en el juzgado instructor. Finalmente, el caso se resolvió con la aceptación de la pena solicitada por el fiscal por parte de la única persona implicada en los hechos.

La instrucción de la causa fue iniciada por el Juzgado de Instrucción número 3 en el mes de octubre del año 2010.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 23 del citado mes. La acusada, N. R. C. L, de nacionalidad portuguesa, acudió al establecimiento de hostelería y accedió al interior del mismo manipulando la cerradura de la verja metálica que protegía el la entrada del negocio.

Una vez dentro, forzó la máquina tragaperras con un cuchillo y se apoderó del importe que ascendía a 800 euros. Ocasionó daños tasados en 100 euros en el aparato. Según el fiscal, la mujer aprovechó la estancia en el establecimiento para apoderarse de diversas botellas de bebidas alcohólicas y de refrescos, por un importe de 293 euros. Asimismo, abrió la caja registradora y se llevó 500 euros. El dueño del establecimiento presentó reclamación por los hechos, lo mismo que la empresa propietaria de la máquina tragaperras.

Inicialmente, el fiscal reclamaba que se le impusiera a la acusada una pena de dos años de prisión, sin embargo en los prolegómenos del juicio acordó rebajar a la mitad la pena, que fue aceptada por la acusada, tras la intervención e su abogada. Los hechos fueron calificados como un delito de robo con fuerza en las cosas.

La mujer acusada no tiene autorización de residencia en España. Tampoco ha aportado documentación alguna que le permita permanecer en territorio nacional ni consta la existencia de razón alguna que justifique su presencia en España.

Actualmente la condenada ya no se encuentra residiendo en la capital lucense. Su intervención en el juicio fue a través de una videoconferencia realizada desde una sala de los juzgados de Córdoba.

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