La jueza lo cita a declarar y encarga que se revisen todas sus cuentas
11 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Un informe de la Guardia Civil revela que el exconcejal lucense Francisco Fernández Liñares, una de las piezas claves en la operación Pokémon, realizó presuntos pagos en B desde que fue imputado por múltiples delitos y desde que abandonó la prisión hace ya más de un año. La jueza Pilar de Lara acordó incorporarlo a la causa y pasarle una copia al Servicio de Vigilancia Aduanera para que investigue más.
Los agentes tuvieron constancia de que Liñares pagó facturas en B y así supuestamente lo pidió expresamente a quienes les hizo algunas entregas. Ahora, la magistrada quiere que Aduanas trate de saber de dónde le vino ese dinero a Liñares.
Además, la jueza recuerda que de las diligencias practicadas «resultaría indiciariamente que Francisco Fernández Liñares habría estado realizando pagos en efectivo o metálico sin la emisión de la correspondiente factura a diversos prestadores de servicio». Es por esta razón por la que reclama a la Confederación Española de Cajas de Ahorro, a la Asociación Española de la Banca y a otra entidad que faciliten a Vigilancia Aduanera toda la información en sus archivos informáticos y documentales sobre los movimientos realizados entre los años 2013 y 2014 en las cuentas bancarias, aunque se encuentren canceladas, en las que figuren como titulares o autorizados Liñares, su esposa y los dos hijos del matrimonio. La jueza quiere los soportes informáticos y documentales y en particular un extracto de operaciones, datos de domicialización y otros datos útiles para la investigación. En otros autos también pide información sobre las transferencias y traspasos en las cuentas de la familia.
La jueza dice que solicita los datos para actualizar la información patrimonial de la familia mientras tramita la instrucción «y ante las sospechas de que Francisco Fernández Liñares continúe realizando pagos en efectivo, sin la emisión de la preceptiva factura.
El expresidente de la Confederación Hidrográfica y peso pesado durante muchos años en el equipo de gobierno de Orozco, es el protagonista de la mayor parte de los autos y providencias de la jueza instructora de la Pokémon y que ayer fueron comunicadas a las partes. En una de los documentos, la instructora convoca a Fernández Liñares para el próximo día 30 de marzo para que preste declaración en calidad de imputado.
La nueva declaración de Liñares está relacionada con los efectos que fueron incautados en los registros llevados a cabo en propiedades suyas y también en las de otro imputado, Demetrio Arias, partícipe en la empresa que tiene la concesión de la grúa municipal.
Irregularidades en el PGOU
En la misma providencia elaborada para citar a declarar a Liñares, la jueza plantea que se libre un oficio al equipo de investigación del Seprona de la Guardia Civil para que emita un informe «sobre las posibles irregularidades cometidas en relación a las anotaciones referentes al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), formulando las correspondientes propuestas de actuación para analizar su contenido».
La venta de los pinos
Otra de las decisiones de De Lara fue la de mandar un oficio a una conocida empresa maderera para que informe sobre los servicios prestados a Liñares o a su esposa desde el pasado 1 de enero, hasta ayer. Reclama albaranes, facturas, justificantes de pago y abono, así como de todas las operaciones de tala y compra de madera realizados por la empresa
La jueza indaga si Liñares vendió pinos y otros árboles de su propiedad. Supuestamente no podría hacerlo.