La jueza considera que el delito no «aparece debidamente justificado»
22 ene 2015 . Actualizado a las 05:05 h.El Juzgado de Instrucción número uno archivó el procedimiento incoado a raíz de la denuncia presentada por un grupo de socios del Club Fluvial en la Fiscalía. El auto, firmado por la jueza de apoyo, Hortensia Bouso, recoge que una vez practicadas las diligencias de investigación, «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede el sobreseimiento provisional de las actuaciones».
La jueza dio un plazo, a efectos de recurso de reforma o apelación, del que no hizo uso ninguna de las partes.
Directivos del Club Fluvial, entre ellos el presidente, Eduardo Núñez Torrón, el secretario y el gerente, acudieron a declarar ante la jueza en calidad de imputados. El uso de los coches, los gastos de combustible, las cuentas, los viajes y la compra de un edificio en el barrio de A Ponte, en las inmediaciones del club, fueron algunos de los temas que centraron la investigación.
Las diligencias se incoaron en función de la denuncia presentada por un grupo de socios en la Fiscalía, hace ya meses. Los directivos declararon a mediados del mes de diciembre.
A mediados del mes de noviembre los mismos socios que presentaron la denuncia en la Fiscalía recogieron firmas para solicitar la dimisión de la junta directiva. Entre las razones para pedirla figuraban la mayoría de las cuestiones que aparecían en el escrito presentado ante la autoridad judicial.
Denunciaban que los directivos realizaban viajes a costa de la sociedad. Decían que lo hacían en avión e iban a «buenos hoteles» cuando los deportistas «se alojan de manera más modesta y viajan con las furgonetas del club».
Los acusaban también de no llevar un control sobre los vehículos «al menos para registrar las personas que diariamente hacen uso de los mismos, el uso al que se destinan, los kilómetros que realizan, las reparaciones y los gastos de combustible que tendrían que corresponder a los kilómetros recorridos».
Coche de lujo y casa en ruinas
En el escrito hacían también referencia a que el actual equipo adquirió un vehículo de alta gama «que usa el gerente». El desembolso, según señalaban, fueron 30.000 euros. En una asamblea de hace meses el presidente informó que el vehículo lo había comprado la sección de montañismo
Todos los asuntos que el grupo de socios puso en conocimiento de la Fiscalía habían sido abordados en una tensa asamblea celebrada hace meses en la que requirieron información sobre las cuentas y sobre la compra del edificio que, según ellos, supuso un «coste elevado» por un inmueble en ruinas. Decisión que, según aseguraron, no había sido consultada a la junta general.
El presidente y la directiva facilitaron información a la asamblea sobre este y otros asuntos, sin embargo, las respuestas no satisficieron al grupo, que presentó la denuncia y recogió más de 170 firmas para pedir la convocatoria de elecciones en la sociedad.
El presidente de la sociedad, Eduardo Núñez Torrón, no quiso ayer hacer valoraciones sobre el archivo de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción, a raíz de la denuncia de los socios en Fiscalía. En sus declaraciones del mes de diciembre ante la jueza de apoyo, según dijo a la salida de las dependencias judiciales, además de responder a todas las preguntas que le formuló, también pidió aclarar otros extremos.
Eduardo Núñez Torrón en ocasiones anteriores justificó la presentación de la denuncia en que el grupo, que consideró poco significativo en relación al número de socios, lo que pretendían era sustituir a la actual junta directiva.
El presidente del Fluvial también puso de manifiesto el pasado año que, una vez que se archivara la denuncia, valoraría la posibilidad de exigir responsabilidades por las acusaciones vertidas.
Amplia polémica
El grupo de socios que se oponen a la actual directiva también cuestionaron la instalación de cámara de vigilancia, ante la gran cantidad de robos que se registraron en el exterior del recinto. Según su versión, el presidente se había comprometido a llevar el asunto a una asamblea de socios, antes de instalarlas.
El grupo cuestionaba también el destino del material del gimnasio cuando fue renovado. Aseguraban que había ido a parar a domicilios particulares y que lo estaban empleando «en usos ajenos a la sociedad».