Aunque subieron los penados, la provincia tiene el nivel más bajo de Galicia
20 oct 2014 . Actualizado a las 05:15 h.La provincia de Lugo está en la lista de cola en cuanto al número de personas condenadas que realizan trabajos en beneficio de la comunidad. Aún cuando aumentó espectacularmente el número de condenados que optan a cumplir este tipo de castigo, el volumen de penas está muy por debajo del resto de provincias gallegas, de acuerdo con las estadísticas elaboradas trimestralmente para su entrega a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
En el primer trimestre del año hubo un total de 118 personas que pasaron por los juzgados y aceptaron como condena realizar diversos trabajos comunitarios. Al siguiente, las condenas ya se situaron en 120. Ambos totales están muy por debajo de los contabilizados en Ourense con un total de 292 y 256, respectivamente.
En Lugo, hubo un total de 26 personas que optaron por la participación en programas de rehabilitación o reinserción a cambio de los trabajos. Esta es una posibilidad que contempla la normativa especialmente para casos relacionados con delitos contra la seguridad vial o malos tratos.
El denominado Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, que cuenta con un responsable del departamento, trabajadores sociales, personal administrativo de apoyo y directores de programas, es el encargado del control. En Lugo son varios los municipios los que aceptan personas con condenas para la realización de trabajos. En la lista también hay asociaciones y otros colectivos. Familiares de algunos condenados expresaron que en ocasiones no había disponibilidad de plazas, sin embargo fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron que esa situación no era habitual. En caso de no haber plazas disponibles en algún ayuntamiento, dijeron, queda la alternativa de hacer trabajos de jardinería, fontanería o de otras características en las propias prisiones. Incluso hay la posibilidad de participar en tareas en pisos de acogida que gestionan voluntarios.
Algunos fiscales mostraron no hace mucho su preocupación por el hecho de tener constancia de la falta de plazas para llevar a cabo el cumplimiento.
Además, abogados lucenses recordaron que el nuevo Código Penal impulsado por el dimitido Gallardón provocaba la muerte del sistema al reducir el número de delitos por los que podían imponerse los trabajos y potenciar ciaba el pago de multas por los acusados. Colectivos de jueces se pronunciaron en contra de retirar el sistema por entender era muy efectivo para quien lo elegía; además, alegaban que no se podía destrozar por cuestiones recaudatorias.
En medio año hubo 238 condenados que eligieron esta modalidad