El 11 de octubre de 1994 la Xunta y el Gobierno acordaron transferir el monumento a Galicia
19 oct 2014 . Actualizado a las 11:48 h.Fue una demanda histórica y, sobre todo, una necesidad. La Muralla de Lugo vivía entre finales de los años ochenta e inicios de los noventa un deterioro constante y sin acuerdos entre las Administraciones para su conservación. Los partidos que gobernaban en el Concello, la Diputación, la Xunta y el Estado eran de signos contrarios y unos por otros nadie se hacía cargo de la rehabilitación, mientras los daños cada vez eran mayores, como una parte de la Muralla que caía el 14 de marzo de 1990 cerca de Bispo Aguirre.
La titularidad del monumento era estatal, por eso a inicios de los noventa comenzaron las peticiones para que el muro romano pasase a formar parte del patrimonio gallego y así intentar su conservación con el fin, por un lado de su mejora, y por otro, con el horizonte de presentar su candidatura a Patrimonio de la Humanidad.
Como recuerda el historiador Adolfo de Abel Vilela en un artículo publicado en La Voz de Galicia, el diputado lucense Cándido Sánchez Castiñeira presentaba en 1990 una iniciativa en el Parlamento solicitando la transferencia de la Muralla a la Xunta, siendo conselleiro Daniel Barata, quien indicaba que estaba dispuesta a asumirla siempre y cuando hubiese dinero para su restauración. Y el ministro del entonces, Jorge Semprún, no se mojaba en el Senado a preguntas del joven José Blanco.
Pero fue años más tarde cuando se dieron los pasos para cambiar esta situación. Entraban en la consellería Víctor Manuel Vázquez Portomeñe y en el ministerio Carmen Alborch. El titular de Cultura de la Xunta recuerda en sus memorias políticas que decidió pugnar por la transferencia del monumento «convencido de que era la mayor garantía de su conservación».
Se creó una comisión mixta entre ambos gobiernos para analizar transferencias que afectaban a materias de todo tipo. En la delegación gallega iban los conselleiros Portomeñe, Dositeo Rodríguez, Pérez Vidal, Romay Beccaría y Diz Guedes, además de los diputados María Xosé Porteiro (PSOE) y Francisco Rodríguez (BNG), así como el delegado del Gobierno en Galicia, Domingo García Sabell. Estuvo también el director xeral de Patrimonio, Ángel Sicart, quien recuerda que las negociaciones fueron duras: «Sempre hai máximos e mínimos, pero no caso da Muralla de Lugo, dada a súa singularidade, foi moi complicado polo intercambio de cartos, era algo imposible de cuantificar». Sicart señala que al final se acordó crear un convenio de colaboración, llamado después Plan Director, para ejecutar en varias anualidades y poder intervenir de manera urgente sobre el monumento, que sufría daños importantes.
Portomeñe recuerda que al final, el Ministerio de Cultura aportó la mitad del dinero. El 12 de noviembre de aquel 1994 acudió a Lugo para anunciar que con cargo a los presupuestos de ambas administraciones se habían adjudicado las obras de reparación de varios cubos. A inicios de mayo de 1995, Xunta, Diputación y Concello firmaron el convenio para la limpieza a fondo de la Muralla. El entonces conselleiro de Cultura afirma que ya durante su primera etapa como titular de esa cartera, entre 1983 y 1986 «sin obligación competencial alguna, pero desde la consideración que me inspiraba la vieja ciudad, ordené a costa de mi departamento el levantamiento de dos cubos derruidos en la Muralla y el afianzamiento de otros tramos».
El proceso de consolidación de la Muralla a partir de 1995 no fue fácil. Y es que ese mismo año se tuvieron que paralizar las obras por culpa de los problemas que sufría la empresa adjudicataria. El alcalde, Joaquín García Díez, se movilizó para pedir al conselleiro Portomeñe y a la ministra Alborch que se retomasen cuanto antes los trabajos para evitar que aumentase el daño sobre el monumento. Fueron «atrancos» en un camino que desembocó a finales del 2000 cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
aniversario un bien patrimonio mundial