La operación Rei se tambalaea

El abogado del exalcalde de Castro vapuleó a la jueza y su instrucción


lugo / la voz

El abogado del exalcalde de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, aprovechó la vista que hubo ayer en la Audiencia para vapulear la instrucción de la operación Rei y a su autora la jueza Estela San José. De paso aprovechó para advertir que «esto es más de lo visto a lo que estamos acostumbrados últimamente».

A diez días del juicio con ocho imputados por una presunta trama de corrupción en el concello chairego, la operación Rei se tambalea. Los abogados de los acusados dijeron que había que anularla por dos cuestiones: la jueza no la envió a reparto y, por tanto se quedó con ella, y porque las escuchas telefónicas no son válidas porque no fueron motivadas.

Con el precedente de la controvertida sentencia de la Audiencia, que tumbó la operación de las multas de tráfico (cargos políticos no pagaban multas por enchufismo), el caso de Castro podría iniciar el camino hacia la papelera. El fiscal reconoce que la magistrada debió enviar a reparto el caso, sin embargo considera que eso no es motivo para anular todo. En unos días se conocerá la solución.

El abogado más incisivo en la sesión de ayer fue Jesús Amarelo, que representa al exalcalde de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, a quien la operación Rei le costó el cargo.

Según el letrado, las actuaciones son nulas prácticamente desde el minuto cero porque aprecia motivos evidentes y flagrantes para ello, dijo. Para empezar, recordó, fue vulnerado el precepto del derecho de toda persona a ser juzgada o investigada por el juez que determine la ley. Opina que en este caso no sucedió porque la magistrada Estela San José asumió la investigación sin haber posibilitado el reparto.

Según el letrado, la jueza estaba con la operación Pollo. Trataba de desmantelar una red de explotación de inmigrantes. Se encontró con un «hallazgo casual»: una conversación entre dos hombres de Castro que hablaban, entre otras cosas, de la construcción de unos chalés o casas. La conversación tenía toda la pinta de algo delictivo y la jueza optó por abrir un procedimiento por un presunto delito contra la ordenación del territorio. «Pero los protagonistas de esa charla, ni tan siquiera fueron llamados a declarar», advirtió el abogado de Valiño.

«La jueza se atribuyó la competencia para investigar esos supuestos hechos delictivos y actuó con arbitrariedad al no existir conexión entre los delitos que motivaron las escuchas y el nuevo procedimiento abierto. Este, dicen los abogados, tendría que ser enviado al juzgado decano para que lo repartiera entre las tres juezas de instrucción.

Pero Jesús Amarelo aún fue más allá. La jueza, recordó, abandonó la línea de investigación sobre los dos participantes en la conversación pero mantuvo intervenido un año el teléfono del alcalde «para reconducir la investigación hacia otros delitos. Definió esa situación como un «afán inquisidor de la jueza». Recordó que el hallazgo no fue casual, sino buscado y recordó que mantuvo la intervención telefónica «en base a un delito que no existía». Recordó, además, que San José «sustrae diligencias al juez predeterminado por ley». «Había que desglosar, pero por algún interés no se hizo», advirtió. «Esto es más de lo visto a lo que estamos acostumbrados últimamente», advirtió. Explicó que «se quería investigar a una persona, que en aquel momento era el alcalde y se buscó el modo de hacerlo». Advirtió que hubo veinte detenciones «injustificadas» con «presencia de prensa» y finalmente hubo ocho imputados. «Hay que reponer todo este desaguisado», advirtió.

José Manuel Novo, abogado de la secretaria municipal, imputada en la operación, dijo en su intervención ante el tribunal que se produjo una actuación tendenciosa y advirtió que fue «la juzgadora la que lo armoniza todo» y «hace causa común con la policía».

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