De Lara plantea un banco de bienes decomisados para víctimas de trata

Sería para pagar la responsabilidad civil que no abonaran los condenados


lugo / la voz

La jueza que se ocupa de la macro instrucción de la operación Carioca, Pilar de Lara, considera que existe la necesidad imperiosa de crear un banco o fondo de bienes decomisados a imputados en casos de trata de seres humanos para «pagar» a las víctimas. La magistrada entiende que es prioritario llevar a cabo la confiscación de todos los bienes de los implicados con la finalidad de indemnizar a las perjudicadas. En el caso de la Carioca existen varios pisos, vehículos y otros efectos quelo están. Los clubes de alterne también figuran en la misma situación, pero estos se encuentran totalmente destrozados.

Pilar de Lara asegura que «deben existir en los estados, también en España, disposiciones para el pago de indemnizaciones por parte del Estado cuando estas no puedan obtenerse de los autores de la trata, mediante la creación de un fondo que puede ser financiado mediante bienes decomisados». La jueza entiende que el activo debe ser destinado a pagar la responsabilidad civil en aquellos casos en los que el tratante condenado no satisfaga a la víctima. Pero aún va mas allá. En su opinión, esos bienes han de ser destinados a financiar la asistencia y protección de las víctimas y apoyarlas.

Existe la posibilidad de que las autoridades puedan reclamar esos bienes para luego destinarlos a diversas finalidades sociales. En el caso de la operación Carioca no existe constancia alguna de que se formularan peticiones de pisos pertenecientes a José Manuel García Adán (el principal cabecilla) ni de vehículos.

De Lara revela que el cobro efectivo de una indemnización por parte de las víctimas de trata es muy poco frecuente «debido a los numerosos obstáculos a los que estas deben hacer frente cuando pretendan obtener una reparación a través de los procedimientos legales». La jueza profundiza: «Esto incluye la falta de acceso a la información, asistencia y ayuda legal por parte de la víctima, así como la falta de formación, conocimientos y experiencia por parte de los jueces, proveedores de servicios, organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales y sindicales a la hora de exigir la compensación de las personas objeto de trata».

La instructora de la Carioca considera que «en la práctica, incluso cuando las medidas de reparación se dictan contra los autores de la trata, resulta extremadamente difícil hacerlas cumplir y recibir de hecho dicha indemnización».

Pilar de Lara no tiene duda de que las víctimas «son severamente maltratadas en el ámbito físico y sociológico además de ser apartadas de su círculo familiar, comunidades y países». «El daño físico y moral -dice- requiere de una recuperación integral que incluye tratamientos médicos prolongados y medidas de reinserción social. Dentro del reclamo, el profesional en derecho debe incluir las partidas necesarias que especifiquen cada caso y el quantum solicitado».

Los fiscales

La jueza llamó la atención sobre la actuación de los fiscales. «En muchas ocasiones, a falta de personación de las víctimas ejercen la defensa de estas, pero no suelen solicitar indemnizaciones a favor de ellas a diferencia de lo que sucede con otras. En todo caso esa petición ha de comprender no solo los daños morales sufridos sino también cualquier gasto derivado de la necesaria cobertura asistencial, incluidos los que originen la repatriación a su residencia de origen cuando así lo solicite y convenga a los intereses de la víctima», explicó De Lara Cifuentes.

Para la jueza tanto o más importante como investigar el delito «y atar bien los cabos es recuperar el dinero, buscar dónde está y reintegrarlo al patrimonio público, sobre todo en etapas de crisis». La jueza considera que en esa materia, la policía y los jueces de instrucción tienen «una misión importante que nos obliga a ser especialmente hábiles y actuar con rapidez, agilidad y eficacia».

«Los imputados -añadió- tan pronto conozcan de su imputación tratarán de deshacerse de su patrimonio e incluso podrán cometer nuevas actitudes delictivas, tan pronto se vean sometidos a investigación. Por eso no será raro que, tras las primeras detenciones los responsables del delito y sus allegados, para impedir medidas cautelares de comiso del dinero o de los bienes o efectos blanqueados o en proceso de blanqueo «vacían» las cuentas bancarias de detenidos, testaferros, sociedades y empresas pantalla y cambian la titularidad de propiedades y derechos. Por eso, tan pronto es posible, hay que proceder a su bloqueo, tanto de las cuentas como de cualquier caja de seguridad».

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