La sentencia de divorcio de Jennifer Martín asigna el uso «de la vivienda conyugal» a Jennifer Martín y sus dos hijos. Sin embargo, la jueza no tuvo en cuenta la existencia de ese convenio regulador a la hora de emitir el fallo. En él «estima íntegramente la demanda interpuesta» por José Manuel Moreno, el suegro de la demandada, para desahuciarla del inmueble en el que reside, y que es de su propiedad. La mujer denuncia que la magistrada «no aceptó el testimonio» del abogado que redactó el citado convenio. «Él es la única persona distinta de nosotros que puede explicar el acuerdo al que llegamos para que los niños y yo nos quedásemos en el piso, pero la jueza solo admitió documentos escritos, no verbales», sostiene la mujer, que es administrativa y oficial de panadería. «No ha tenido en cuenta nada», denuncia. Para recurrir la sentencia tendrá que pagar 800 euros en tasas por la reciente reforma judicial.