El juicio por la trama de las multas afronta su segunda fase sin nadie que asuma culpas

Tras la declaración de 23 imputados, mañana se retomará la vista oral con los testigos


LUgo / La Voz

La trama de la retirada de multas en la provincia entre el 2006 y el 2008 es la primera de las macro operaciones abiertas en la ciudad que llegan a juicio. En principio, estaba previsto que la vista se prolongase al menos durante seis días, pero todo apunta a que terminará antes. El pasado lunes y martes se celebraron las dos primeras sesiones con las declaraciones de los 23 imputados citados (de los casi cien que había inicialmente). Salvo para los tres principales implicados -Jesús Otero, Julio González y María Consuelo Fernández-, para el resto el fiscal pide algo más de un año de cárcel y multa por delitos de tráfico de influencias. Mañana a las 11.30 horas se retomará la vista en la Audiencia con la declaración de los testigos, que podría prolongarse también el martes y el miércoles.

Jesús otero

Negó haber retirado sanciones

Fue subdelegado del Gobierno por el PSOE, partido del que se dio de baja recientemente. El fiscal lo acusa de delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias, y pide para él 7 años de cárcel, 22 de inhabilitación para ejercer como cargo público, multa de 10.800 euros y 50% del pago de costas. Según el escrito de acusación, él se encargaría, junto con González y Fernández, de archivar multas para beneficiar «a las personas sometidas a los expedientes». Él negó todas las acusaciones en el juicio. Afirma que nunca retiró multas; de hecho, no tenía poder para hacerlo, y tampoco ordenó a nadie que lo hiciera. Solo reconoció haber actuado en algún caso concreto, remitiéndolo a Tráfico para que lo estudiasen, por considerar que la sanción «non tiña lugar», pero no por otorgar ningún trato de favor: «Mentres eu fun subdelegado, creo que ningún cidadán pode dicir que non se lle atendeu».

Julio González

No quiso declarar

Fue jefe provincial de Tráfico y el fiscal lo acusa de prevaricación y falsedad documental, por lo que pide 4 años y 9 meses de cárcel, 15 de inhabilitación para ejercer como funcionario de Tráfico, multa de 5.400 euros y el 30% del pago de costas. González se negó a declarar. Previamente, su abogada había pedido la nulidad de las actuaciones. Entre otras cosas, alegó que en el registro que hubo en Tráfico no estaba asistido de letrado y «se le obligó a entregar toda la documentación en base a que era una causa ajena a mi defendido, cuando se le imputó diez días después». La petición fue rechazada. El juez determinó que «no estaba asistido de letrado en el registro porque estábamos en un momento anterior, él estaba ejerciendo su profesión» como responsable de Tráfico. De hecho, el fiscal argumenta que «decir que no tenía obligación de entregar la documentación que se le pedía» porque podía perjudicarle «es como decir que uno no puede hacer la declaración de la renta porque es declarar contra sí mismo».

María Consuelo Fernández

Seguía órdenes

La funcionaria de Tráfico está acusada de prevaricación y falsedad documental, por lo que el fiscal pide 4 años y 6 meses de cárcel, 13 de inhabilitación para cargos en Tráfico, multa de 2.700 euros y el 20% del pago de costas. El fiscal considera que su intervención era fundamental a la hora de archivar las multas, pues ella sería la encargada de hacer dichos trámites. En su declaración, la funcionaria explicó que son varios los trabajadores que realizan esa función aunque siempre aparezca su firma por ser ella la jefa de negociado. Sin embargo, explica que todas las tareas que realizaba eran por orden de superiores y que nunca fue consciente de cometer ilegalidades. De hecho, dice que ni ella ni el resto de funcionarios tienen acceso al contenido del expediente sancionador o a la identidad del multado, y cuando lo archivaban era siguiendo órdenes y solo veían el número de expediente.

José Rábade

Conducir hablando por el móvil

El exconcejal de Lugo (PSOE) está imputado por la retirada de una multa por conducir hablando por el móvil. Reconoció cometer la sanción, pero negó haber pedido que se la retirasen o haberlo comentado con alguien.

Juan JOsé Molina

Llamó a Tráfico para asesorarse sobre cómo recurrir la multa

El exdelegado de Cultura (BNG) reconoció haber llamado al ex jefe de Tráfico por una multa que le pusieron por exceso de velocidad, pero matiza que lo hizo para asesorarse sobre cómo presentar el recurso, no para pedirle que la retirasen. Añade que González tampoco le ofreció tal ayuda.

Antonio de Dios

Acudió a Tráfico para presentar recurso

En el caso del ex alcalde de Meira (TEGA) la multa fue por alcoholemia. Dice que acudió a la ventanilla de Tráfico para recurrir, sin especificar el cargo que tenía, aunque finalmente no recurrió. Niega haber pedido su retirada.

Issam Alnagm

Envió la multa por fax

El alcalde de Muras, Issam Alnagm (PP), reconoce que envió a Tráfico, por fax, una de las multas que le pusieron por exceso de velocidad, pero para recurrirla, no para que se la quitaran. De hecho, explica que es frecuente que lo sancionen y paga siempre todo al 50%, es decir, de forma inmediata.

JOsé Luis Raposo

Infracción de un camión del Concello

Al alcalde de Pedrafita (dejó el PSOE) lo acusan de pedir el archivo de una sanción a un camión del Concello que se saltó un stop, algo de lo que él niega tener conocimiento hasta que dos años después le llegó notificación del juzgado. Su abogado pidió la nulidad porque, «igual que ocurrió con el ex alcalde de Sarria, Claudio Garrido, la anotación con su nombre en la multa no es suficiente para seguir con la acusación». El fiscal entiende que sí porque en el caso del sarriano no se refería a vehículos propios ni del Concello, mientras que el de Raposo está en esta última situación.

Miguel ángel Fernández

La multa no le llegó

El ex parlamentario del PSOE explica que lo paró la Guardia Civil por exceso de velocidad, pero que esa multa nunca le llegó, por lo que no pudo pedir que se la retirasen. Añadió que nunca había pedido a Jesús Otero ni a ninguna otra persona ese tipo de favores.

Luciano Armas

Niega pedir que le quitaran sanciones

El ex deán de la Catedral y ex vicario del obispo de Lugo niega haber pedido nunca que le archivasen ninguna multa. De hecho, explica que tuvo que pagar sanciones con frecuencia y casi siempre lo hizo en el plazo de una semana.

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