Así se «cocinaban» los contratos en la Diputación de Cacharro

El fiscal dice que ni tan siquiera había mesa de contratación


lugo / la voz

El procedimiento negociado sin publicidad. Esa es, según el fiscal, la madre del cordero de la operación Muralla que está en vías de entrar en fase de juicio después de 8 años de los más variopintos avatares. Los contratos se gestionaban en petit comité y los destinatarios eran siempre amigos, según se desprende de la investigación del fiscal.

El famoso sistema de las invitaciones a empresas también aparece en la operación Pokémon. El Ministerio Público, que asegura que es de «simplicidad extrema», dice que en la Muralla fue fraudulentamente escogido. Quienes lo ponían en práctica cerraban la puerta a ofertas serias de otras empresas que podían poner en riesgo la adjudicación a Senén Prieto S. L. a través del ingeniero José Enrique Cacicedo, que estaba vinculado a la citada mercantil, de acuerdo con el fiscal. A continuación se expone cómo se «cocinaban» los contratos de redacción de proyectos durante la época de Francisco Cacharro, según la versión del fiscal.

omisión de trámites

Cacharro, decidía. Los expedientes de redacción de proyectos de obras y de asistencia técnica y dirección de los trabajos se tramitaban en un alto porcentaje por el procedimiento negociado sin publicidad, algo que ampara la legislación específica de contratación de las administraciones públicas y de la administración local. Ahora bien, el fiscal advierte que en este caso se omitían determinados trámites que permitían eludir los órganos de control. Cada expediente era dividido en dos partes para que se le pudiera aplicar el proceso de negociado y sin publicidad. Entonces, el órgano de contratación, el presidente provincial, Francisco Cacharro Pardo, «que realizaba los actos decisorios y el que siempre proponía a los invitados al procedimiento negociado».

La aprobación de la contratación se hacía después de una propuesta del servicio de Vías y obras que elaboraba y firmaba el jefe del servicio con la propuesta presupuestaria. ¿Quién era el jefe de servicio? José Manuel Romay López, imputado en la operación porque supuestamente estaría detrás de Senén Prieto S. L, al que iban a parar los proyectos, según el fiscal. A mayores, había informes de otros departamentos.

las anomalías

Omisión de detalles. En una primer momento, «de manera cuasi sistemática», se omitía la propuesta de inicio del expediente, aunque este trámite era subsanado por la aprobación final de la primera fase. El informe del jefe de servicio lo suscribía Romay. En el pliego adjuntaban un informe del secretario «que este nunca llegó a firmar, esquivando su intervención». Además, el decreto de aprobación del presidente «contenía la propuesta de identificación de los facultativos a invitar, lo que era contrario a la práctica administrativa usual».

Sin formalidades

Buscando trabajadores de Senén Prieto. Recuerda el fiscal que no se tramitaban las invitaciones a las tres empresas, «sino que un funcionario del servicio de Planes y Contrataciones se ponía en contacto con algún trabajador de la empresa Senén Prieto S. L o directamente con el acusado José Enrique Cacicedo, para que remitiera todas las ofertas, las cuales se hacían llegar a la Diputación sin formalidad alguna, acompañando la documentación acreditativa de la capacidad y de la solvencia exclusivamente del acusado José Enrique Cacicedo». Recuerda el fiscal que prescindían de la aportación de los otros dos invitados. Ni tan siquiera conservaban las invitaciones, ni los pliegos presentados por los supuestos invitados.

Sin mesa de contratación

Una simple propuesta servía. El fiscal recuerda que en la mayor parte de los casos no hubo mesa de contratación. Gran parte de los expedientes fueron tramitados con un informe de José Manuel Romay a favor de José Enrique Cacicedo, relata el fiscal. El decreto de adjudicación al citado en último lugar era notificado a esto, omitiendo a otros candidatos.

El acusador público expone en su escrito varios ejemplos. Uno de ellos es una obra de un proyecto correspondiente al municipio de Sober. Aún cuando lo preveían los pliegos de condiciones, no se constituyó mesa de contratación y dice el fiscal que no constan las invitaciones ni la documentación de los otros invitados no adjudicatarios ni la notificación a estos de la decisión finalmente tomada. En total hay 102 adjudicaciones irregulares de 2001 a 2006. Francisco Cacharro, imputado tardíamente, niega irregularidades.

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