Las comunidades de montes temen disponer de menos ingresos para actividades públicas

Critican que la ley obliga a dedicar el 40% de los ingresos a planes de mejora


Lugo

La función pública que cumplen las comunidades de montes en muchas zonas de Galicia, y la provincia de Lugo no es una excepción sino norma en esa faceta, puede verse reducida por cuestiones relacionadas con la Lei de Montes, que entró en vigor en verano del 2012. En esa legislación se establece que esas entidades deben destinar a inversiones en planes de mejora el 40% de sus ingresos, lo que da lugar a ese temor, expresado ayer en una reunión que sociedades de ese tipo celebraron en Lugo.

En el acto, que tuvo lugar en el salón de actos de la Diputación Provincial, se constató que esa necesidad de aportar a planes de mejora el 40% de los ingresos puede rebajar una aportación que abarca ámbitos muy variados: las comunidades, cuyo ámbito de actuación está en zonas rurales, cubren áreas a las que a veces no llegan las administraciones públicas e incluso financian actividades sociales y culturales.

El presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira, subrayó ayer, al final del acto, que esa obligatoriedad resultaba injusta: «Non todas as comunidades son iguais», dijo. Tampoco con homogéneos los ingresos de esas entidades, que pueden recaudar fondos por venta de madera, por parques eólicos o por otras vías: la de Parga, por ejemplo, cobra por el granito que extrae Ingemarga de canteras situadas en terrenos suyos. Los comuneros, manifestó Pereira, sostienen que los planes de mejora pueden requerir cada año inversiones muy dispares, no siempre vinculadas con ese 40% de los ingresos.

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