El Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal buscará el destino de las cantidades que disponía Juan Carlos Pulpeiro
22 dic 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Juzgado de Instrucción número 1 ordenó al Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal que investigue las cuentas del jefe de protocolo de la Diputación, Juan Carlos Fernández Pulpeiro y de otros dos funcionarios. Estas diligencias fueron encargadas con la finalidad de conocer el destino de las cantidades de las que disponía Pulpeiro en su condición de máximo responsable del programa Kilómetro 0.
El auto recoge que del contenido de varias de las diligencias practicadas para esclarecer un presunto delito de acoso y de un presunto delito de malversación de caudales públicos, se deduce que Juan Carlos Fernández Pulpeiro podría haber cometido «una serie de irregularidades en la gestión de los fondos públicos destinados a financiar las rutas realizadas en el marco del programa Km0 desarrollado por la Diputación».
El auto que justifica la investigación de la UDEF recoge que el propio Pulpeiro y otros testigos reconocen que tenía libre acceso los fondos del Km0 y los manejaba «a través de actividades de gestión y realización de pagos, los cuales se efectuaban en metálicos a los hosteleros participantes por las integrantes del departamento de Km0». El dinero que sobraba, según el auto, se devolvía en un sobre a Pulpeiro, quien reconoció que lo guardaba en una caja fuerte de su despacho.
La instructora que considera que esta práctica consiste «cuando menos per se en una irregularidad», recoge que Fernández Pulpeiro tenía pleno acceso a las cuentas que albergaban los fondos destinados a financiar Km0, «de las cuales únicamente tenía que dar una explicación contable a cierre de cada ejercicio, encargándose él mismo de suministrar las facturas al departamento de intervención de la Diputación de Lugo y disponiendo entre tanto de los mismos».
La conducta de Pulpeiro
La intervención de la unidad especial de delincuencia financiera y fiscal está justificada en verificar «si la conducta desplegada por el señor Fernández Pulpeiro es susceptible de incardinación dentro de un delito de malversación de caudales públicos».
La jueza solicita información de las cuentas bancarias, «transmisión de valores, rentas explícitas y operaciones en el extranjero», tanto de Pulpeiro como de las otras dos personas. Quiere saber las entidades en las que figura como administrador o representante, las operaciones con terceros, las declaraciones de la renta y las percepciones del trabajo, además de los bienes muebles e inmuebles.