La Audiencia abre la puerta a un levantamiento parcial y revoca un auto de Pilar de Lara sobre la intervención de la empresa municipal de la grúa, Cechalva
16 jul 2013 . Actualizado a las 15:04 h.La jueza Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, dictó un auto en el que vuelve a prorrogar el secreto de sumario en la operación Pokémon, que investiga la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en diversas administraciones gallegas a base de sobornos. Según informan a EFE fuentes jurídicas, los argumentos que utiliza en este nuevo auto para mantener la reserva sobre la causa son prácticamente idénticos a los del auto del 14 de junio. La jueza argumenta que se mantiene el secreto de sumario para evitar que el levantamiento de la reserva sobre las actuaciones pueda entorpecer el desarrollo de las investigaciones en curso.
Más de una treintena de personas han sido imputadas en la Operación Pokemon, entre las que figuran los exalcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez; Boqueixón, Adolfo Gacio, y Santiago, Gerardo Conde Roa; así como los actuales regidores de Lugo y Compostela, José López Orozco y Ángel Currás, respectivamente. También está imputado en la causa el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y concejal de Economía y Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares.
Auto de la Audiencia Provincial
Por su parte, la Audiencia de Lugo ha desestimado el recurso de apelación planteado por la defensa del alcalde de Lugo, José López Orozco, contra la prórroga del secreto de sumario dictada por la jueza instructora de la Operación Pokemon el pasado mayo, pero deja la puerta abierta a un levantamiento parcial de la reserva sobre las actuaciones. En un auto,según Efe, la Audiencia Provincial reitera que «en cuanto se pueda, siquiera sea parcialmente y respecto de algunas de las tramas, se ha de levantar, a la mayor brevedad», la «excepcional situación procesal de secreto de las actuaciones». En todo caso, para desestimar el recurso formulado por la defensa de López Orozco, la Audiencia subraya que estamos todavía ante unas «diligencias de instrucción vivas» que «de ser conocidas» por los imputados «podrían desbaratar el buen fin» de las actuaciones que se están llevando a cabo dentro de la causa. Todavía está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial, según informaron a EFE fuentes jurídicas, el recurso planteado por la defensa del alcalde con respecto al auto de la jueza instructora, Pilar de Lara, que volvió a prorrogar el secreto de sumario en el mes de junio. Además, hoy mismo el abogado de la defensa de Orozco, Gregorio Arroyo, confirmó que esta misma semana presentará un recurso contra el auto de la jueza que vuelve a prorrogar un mes más el secreto de sumario. Arroyo espera que se levante, aunque sea de manera parcial, en la apelación presentada ante la Audiencia por el pasado junio.
Empresa de la grúa
A su vez, la Audiencia Provincial de Lugo ha revocado el auto dictado por la jueza Pilar de Lara para ejecutar una intervención judicial de la empresa Cechalva, concesionaria de la grúa en la capital lucense, que afectaría a la totalidad de «la organización, sus bienes, ingresos, pagos, deudas y negocios». La resolución de la Audiencia es la respuesta al recurso de apelación que había formulado la propia empresa Cechalva y al que se habían adherido varios socios de la propia firma. A juicio de la sala, no se deriva «la necesidad y procedencia» de acordar una administración judicial de la empresa concesionaria de la grúa que «supondría la sustitución de los actuales administradores de la sociedad», con la «exclusión de los mismos en todas sus funciones». En ese sentido, considera suficientes las medidas cautelares dictadas en su día para Cechalva, relativas al «control judicial» de los «pagos a realizar a proveedores y trabajadores», con la «obligación de la empresa de dar cuenta al Juzgado de los pagos efectuados», al igual que «las entidades financieras». Los magistrados que firman el auto entienden que esa medida es «suficiente y más proporcional» y servirá para garantizar el «control y supervisión de las actividades de la entidad afectada», salvo que «con el paso del tiempo se constatara la aparición de otras situaciones o circunstancias que hicieran aconsejable la imposición de una medida más rigurosa».
En el auto de intervención judicial de Cechalva, ahora revocado por la Audiencia, la propia instructora dejaba ver sus sospechas sobre el supuesto pago de sobornos a cargo de esa empresa, por importe de 2.000 euros al mes, al alcalde de Lugo, José López Orozco, y al que fuera responsable político de ese servicio, el exconcejal Francisco Fernández Liñares. De hecho, la jueza de Lara atendió a finales de mayo la petición que formularon los abogados del propio alcalde, que solicitaron que su cliente fuese citado de nuevo a declarar a raíz de las informaciones publicadas con respecto a ese auto, y López Orozco presentó el pasado 2 de julio a la instructora información sobre los movimientos de sus cuentas en los últimos 14 años.