Las tarjetas estaban asignadas a los vehículos de la empresa a la cual pertenecía uno de los imputados. Este contactó con los vigilantes de seguridad, que ejercían las funciones de controladores nocturnos en la estación y al mismo tiempo se ocupaban de cobrar los repostajes que hacían los clientes. Asegura el fiscal que el empleado de las empresas afectadas utilizó las tarjetas en la gasolinera y que los vigilantes hicieron constar falsamente que los cargos que efectuaban en las mismas correspondían con suministros de combustible que en realidad no efectuaban. El siguiente paso era retirar de la recaudación de la estación de servicio el dinero en metálico correspondiente a los cargos y se lo quedaban. Posteriormente, el importe de los repostajes ficticios fue cargado en la cuenta corriente de las empresas a las que estaba vinculado uno de los imputados.
En total fueron realizadas más de cincuenta operaciones. El importe de la presunta estafa fue cifrado en 6.737 euros que los acusados deberán reintegrar a la empresa afectada. Expresa el fiscal que es responsable subsidiaria la empresa propietaria de la gasolinera donde ocurrieron los hechos.