La Audiencia Provincial de Lugo lo inhabilitó dos años y lo condenó a pagar una multa de 15.000 euros
17 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Una multa de 15.000 euros y dos años de suspensión para el ejercicio de veterinario al servicio de la Xunta fue la condena aceptada por Francisco Javier V.I. quien admitió haber cometido un delito de cohecho. Reconoció que le había pedido a la asociación Asoporcel 5.000 euros para recibir a una administrativa para abordar unos trámites de la concesión de una ayuda de la Xunta.
La vista, por el tipo de delito del que se trata, tendría que haberse celebrado con jurado, pero al conformarse con la condena solicitada por el fiscal, ni siquiera llegó a formarse.
El funcionario fue denunciado por el secretario de Asoporcel, la asociación de criadores de raza celta. El funcionario solicitó de esta organización diversa documentación para tramitar una subvención y en ese momento surgieron obstáculos con la memoria de justificación de las ayudas.
El ahora condenado admitió que en unas jornadas que se celebraron en Ourense le sugirió al secretario de Asoporcel que para que recibiera a la administrativa de la asociación para solucionar el problema, antes tendría que comprar material en la librería de su hermana, situada en A Coruña.
El funcionario admitió que le había dicho al representante de Asoporcel que fuera a la librería de A Coruña, que pidiera una factura de 5.000 euros y que ingresara el dinero en nombre de Asoporcel. Después recibiría a la administrativa.
Dos días antes de que venciera el plazo para entregar la documentación, el secretario de Asoporcel volvió a ponerse en contacto con el trabajador público. Tuvieron una reunión en la que acordaron realizar el pago en dos plazos, uno de 2.950 euros más IVA. El pago no se llevó a cabo pero el funcionario remitió un correo electrónico con una memoria igual a la que había presentado Asoporcel el año anterior, a la que le habían suprimido tres párrafos. En el correo figuraba el número de la cuenta en la que tenían que realizar el ingreso.
La acusación particular en este caso la ejerció la Xunta de Galicia. Su representante, sin embargo, no compareció ayer en la sala para el acto de conformidad con la pena solicitada por el fiscal.
Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en diciembre del año 2010 y en enero del año siguiente.