Revisará las ordenanzas fiscales que regulan los precios de los servicios
27 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La junta de gobierno del Ayuntamiento aprobará esta mañana la modificación de las ordenanzas fiscales que regulan los precios por la prestación de los servicios de ayuda y de las comidas a domicilio. La concejala de Benestar Social, Ana González, explicó que este cambio viene impuesto por el decreto dictado por el Gobierno en el pasado mes de julio.
La concejala González (PSOE) destacó la caída experimentada por la financiación para la atención a la dependencia, de modo que en el 2009 suponía 675 euros por persona y para el actual ejercicio se prevé que se sitúe en 510. Como consecuencia de esta situación, se produce destrucción de empleo -declaró González- en un sector que lo generaba, así como de la red de recursos y servicios relacionados con la atención a las personas dependientes.
La misma integrante del equipo presidido por el socialista López Orozco señaló que con la aplicación de la llamada ley de dependencia se preveía que en 2015 la atención a este sector de la población constituyese una muy importante fuente de empleo; sin embargo -resaltó-, es cada vez más reducido. «É unha auténtica demolición», señaló la edila.
González, en la misma línea, manifestó que en la provincia de Lugo, se mantendrá la teleasistencia, gracias al esfuerzo de los ayuntamientos y de la Diputación.
En el caso del servicio de Axuda no Fogar, en el municipio de Lugo hay 280 usuarios, de los que 50 están exentos de pago. Con las nuevas disposiciones, 12 usuarios que no tenían que pagar, tendrán que hacerlo, señaló la edila. Añadió que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy fijó un rango de porcentajes de participación de los usuarios en el pago de los citados servicios; el Ayuntamiento de Lugo se acogió a la franja más baja.
En el caso de Comida no Fogar, Ana González explicó que el Ayuntamiento mantiene los precios, pero serán más los que tendrán que pagar, o pagar más, dado que los ingresos que se computan son los de la unidad familiar y no solo los de cada uno de los usuarios. Indicó que de momento no pueden hacer una valoración de la repercusión concreta que tendrá la aplicación de los medidas impuestas por el Gobierno.
«Hai destrución de emprego e da rede de servizos relacionados coa dependencia»
Ana González