Un matrimonio de octogenarios de Orbazai a los que quieren desahuciar de su casa denuncia el caso ante la Fiscalía de Lugo
LUGO
Stop Desafiuzamentos asegura que el procedimiento está plagado de «graves irregularidades»
18 ene 2013 . Actualizado a las 16:07 h.Una familia de Orbazai a la que quieren desahuciar de su vivienda habitual denunció el caso esta mañana ante la Fiscalía de Lugo, según anunció Stop Desafiuzamentos en una rueda de prensa ofrecida en la galería Sargadelos. La situación es especialmente dramática puesto que los afectados son un matrimonio de octogenarios, José María Buide Díaz, de 86 años, e Isolina Pena Seijas, de 87. Sin tener nada que ver, la pareja se ha visto involucrada en la sentencia de una demanda presentada en el año 2009 por un particular contra su nieto, que sufre una discapacidad psíquica, debido al supuesto impago de dos mensualidades de una finca para criar caballos.
Un contrato de alquiler con una cantidad de 750 euros al mes escrita a mano
El colectivo afirma que el procedimiento está plagado de «graves irregularidades» y exige su paralización inmediata. Considera que ha habido falsedad documental y pericial, entre otras.
Señala que la primera sentencia judicial resolvía el contrato entre José Manuel López -el nieto- y el propietario de la finca, y obligaba al primero a dejar libre la finca; algo que había hecho meses antes. «E coa axuda do propietario, que foi quen lle dixo que marchara», indicó Francisco Torrente Oscos, de Stop Desahucios Lugo. En ese auto, el juez destacaba que el demandante había presentado dos contratos diferentes. En el primero se establecía el pago de un alquiler de 200 euros al año. En el segundo, «o xuíz di que aparece escrita a man unha cantidade de 750 euros ao mes, e tamén destaca que lle parece un prezo enormemente elvado para o alquiler dun prado», detalló la plataforma cívica. Sin embargo, el denunciante recurrió ante la Audiencia Provincial de Lugo, que sí estimó el recurso y en una sentencia exigió el pago de cerca de 14.000 euros de alquiler. «José Manuel entendía que unha vez abandonada a finca, algo que xa fixera, non había máis, e foi declarado en rebeldía», indicó Torrente. De ese fallo deriva la actual orden de desahucio, que fue aplazada el 9 de enero. La comisión judicial volverá el 29 de enero, pero los afectados esperan que el proceso se paralice.