El letrado lucense que defiende los intereses de las cuatro testigos protegidas lo hace porque éstas recurrieron a la ONG Aliad-Ultreia, con la cual colabora el letrado. Gerardo Pardo de Vera es muy crítico en el escrito que dirige al secretario de Estado de Seguridad ya que no duda en calificar de «cinismo institucional» la situación a la que fueron sometidas las mujeres de los clubes de alterne.
«La actitud de los responsables de ese ministerio, que contrasta con la diligencia y buen hacer que ha demostrado la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Lugo en el ámbito de sus competencias, nos parece -dicho sea con respeto y en términos estrictos de defensa de los intereses de las testigos- una manifestación de cinismo institucional que convierte en papel mojado toda la normativa en vigor (estatal e internacional) que se destina a proteger a las víctimas de trata y o explotación sexual», apunta.
«Y llama, más si cabe, la atención que esta situación se produzca después de que haya visto a la luz, el pasado mes de octubre, el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, firmado por el Gobierno, la Fiscalía General del Estado y el Consejo del Poder Judicial, en cuyo apartado segundo se establecen como principios generales de actuación, entre otros, que las instituciones y administraciones con responsabilidades en la materia velarán por evitar la victimización secundaria, procurando a la reducción del sufrimiento y daño causado a las víctimas, estableciendo medidas que favorezcan su recuperación y eviten nuevas experiencias traumáticas», apuntó el letrado.