En Castro no solo se planeaba la construcción de cien chalés mediante una gestión presuntamente irregular. El levantamiento del secreto del sumario, ordenado por la Audiencia Provincial de Lugo, permite conocer que incluso algunas personas trataron de gestar negocios en Senegal a cambio de supuestas ilegalidades con terrenos. En la documentación, que ya manejan los abogados de los principales imputados, aparecen en algunos documentos hasta altos diplomáticos del país africano que trata de abrirse a la inversión extranjera.
Además de los chalés y las presuntas adjudicaciones de obras del Plan E y otras de ámbito municipal, la jueza Estela San José se encontró con verdaderas sorpresas cuando la policía, a la que ordenó seguir las conversaciones de diversas personas relacionadas de algún modo con el Concello, hizo las transcripciones.
En uno de los tomos correspondientes a las escuchas aparecen conversaciones entre varias personas que planean inversiones en el país africano «a cambio de liberalizar los terrenos de Castro Ribeiras de Lea». ¿Cuáles eran esos negocios?. Leche y chatarra.
A muchos vecinos del municipio les pueden parecer extrañas tales inversiones, sin embargo quienes estaban siendo grabados por orden judicial parece que lo tenían todo bastante atado. Si los negocios se llegaron a activar es posible que obtengan suculentos beneficios.
Entre Castro y Tenerife
Dos eran las personas que trataban telefónicamente sobre estas inversiones en el país africano. Una de ellas aparece identificada con un apodo o un apellido y efectúa la llamada desde Santa Cruz de Tenerife. El otro comunicante está supuestamente en Castro y, por lo que comentan ambos por teléfono, este último se mueve muy bien porque tiene contactos a altos niveles, incluso con diplomáticos, no solo del país senegalés sino también de otros asiáticos. Habló de sus cenas con el embajador de Senegal en España.
También chatarra
Otro de los negocios que se planeaba en Senegal era el de la chatarra. Todo apunta a que quienes lo impulsaban pretendían adquirir deshechos en Europa y llevarlos al indicado país. Tenían un problema, y así lo exponían en las conversaciones telefónicas: necesitaban certificados de que los desperdicios estaban descontaminados. De todos modos, esa no era una barrera que les resultase infranqueable ya que, supuestamente, también tenían la posibilidad de conseguir los visados correspondientes para que la chatarra pudiera exportarse.
Uno de los aspectos que todavía se desconoce se refiere a si alguna de las personas que parecen imputadas en la macroinvestigación de la jueza San José se beneficiaba de los negocios. Es posible que de la revisión minuciosa de la documentación puedan aparecer respuestas a alguna de las cuestiones.