Educación planea cerrar una cocina escolar con 20 niños cuya comida le cuesta 7.000 euros al año
LUGO
Carlos tiene 4 años; Sonia y Andrea, 5; Álex, Alba y Miriam, 6; Sergio y Marcos, 7; Raúl, Rita y Tania, 8; Nerea, Eva y Víctor, 9; Lorena, Lucía y Xoel, 10; Adrián, Manuel y Iago, 11. Los veinte niños estudian en el CEIP Ponte de Doiras, en el municipio de Cervantes, y a mediodía, cuando suena el timbre, comen en el comedor escolar. El menú se compone a diario de alimentos frescos y platos variados recién elaborados por Amparo, la cocinera. Cristina, Lucía e Iván, los tres maestros del centro educativo, también son comensales. Unos y otros están encantados.
Sin embargo, la alimentación y el bienestar de todos ellos podría sufrir un duro revés el próximo curso, ya que la Consellería de Educación tiene en mente cerrar la cocina escolar, al suprimir el puesto de la única empleada de la instalación: la cocinera. La dirección de la escuela no ha recibido todavía ninguna comunicación oficial de la Xunta, ni en uno ni en otro sentido, pero sí la voz de alerta de los sindicatos, que sostienen que la relación de puestos de trabajo en centros de enseñanza de cara al curso 2010-2011 contempla la eliminación de 27 puestos de oficial y ayudante de cocina en la provincia de Lugo. En la práctica, la medida supondría el fin para las cocinas de los colegios rurales de Doiras, Ourol y Ribeira de Piquín. Además, implicaría menos personal en las instalaciones de Donís y San Román (Cervantes), Muras, Negueira de Muñiz, Ourol, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Castelao (Vilalba) y Zanfoga (Pedrafita).
Gestión indirecta del servicio
«Agora mesmo o comedor está xestionado directamente pola Consellería, e pretenden que pase a ser xestionado por unha empresa externa», explica el director de Doiras, Iván López. Al parecer, la Xunta baraja dos posibilidades: o concertar un servicio de cátering -los platos se servirían siempre recalentados- o contratar la comida con un hostelero de la zona, que tendría que cumplir los requisitos exigidos por la normativa relacionada con las prestaciones a escolares. Padres y profesores coinciden en que la medida supondría una merma en la calidad de vida de los pequeños, que en algunos casos recorren distancias de más de media hora para desplazarse al colegio.