El fiscal Jesús García Calderón lamenta la gran cantidad de «diligencias que no sirven para nada»
LUGO
Las jornadas fueron inauguradas con la presencia del alcalde, el presidente de la Cámara y el titular del Colegio de Economistas de Lugo. La primera de las intervenciones corrió a cargo del fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, conocido en la ciudad lucense pues ejerció durante varios años como fiscal jefe de la Audiencia Provincial.
Pronosticó que en el futuro habría una relación del derecho procesal con el penal. Contó que el dinero estaba detrás de muchas actuaciones, algunas de ellas delictivas. Apuntó que un grupo de especialistas llegó a la conclusión, en un congreso que él coordinó en Sevilla, que existía lo que denominó la violencia discreta. En este sentido matizó que había muchos delitos con un móvil económico oculto. En tal sentido recordó los accidentes laborales que, en ocasiones, ocurren por faltas de medidas de seguridad. Estas no son puestas porque permiten un ahorro al empresario. «Esa cuestión nadie la pone de manifiesto en ningún juicio por un delito contra los derechos de los trabajadores», apuntó Calderón.
Recordó que en los casos en los que ha de aplicarse la Ley concursal existe una ausencia del ministerio fiscal. «Y esa ausencia es sentida porque es importante que esté presente», añadió. Señaló, que la relación de la economía con el derecho penal es patente.
Abordó cuestiones como las cargas de trabajo en los juzgados que, en su opinión, se resolvería con una modificación de la ley y no con mayores dotaciones de plantilla. «Existe un gran problema burocrático. Se manejan enormes cantidades de papel que no sirven para nada. En Andalucía, por ejemplo, se instruyeron en un año un millón de diligencias, sin embargo podían reducirse a 200.000 porque la mitad no son hechos delictivos como es, por ejemplo, la pérdida de una cartera. Pues bien esas diligencias, algunas se abren hasta seis o siete veces, tienen que ser visadas por los funcionarios, con lo que ello supone», apuntó Calderón. En la intervención, el fiscal jefe de Andalucía abogó por la necesidad urgente de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1881.