Nuestro sistema judicial ofrece tantas garantías que en ocasiones esa amplia protección para los más débiles se convierte en el refugio de los «más listos» y de los más pudientes. Serrabal es un claro ejemplo. Un empresario, beneficiado por la Administración con la concesión para explotar una mina, ha logrado retrasar durante más de tres años el inicio las obras del AVE que afectaban a su explotación. Y para ello, Villar Mir solo ha necesitado un mérito: tener el suficiente dinero para poder contratar a alguno de los mejores abogados del país.
Nadie pide que se vulneren los derechos del empresario, pero no se puede consentir que su poder económico (logrado en muchos casos al calor de la Administración) se alíe con la lentitud de la Justicia para, juntos, bloquear durante tres años un proyecto vital para el futuro de los gallegos.