En un derribo por infracción urbanística en Monforte: «Asumo a miña culpa, pero é que non che dan outra opción»
MONFORTE DE LEMOS
Las demoliciones ordenadas por la APLU se multiplican en Monforte
14 jun 2024 . Actualizado a las 16:16 h.José Ferrín asistía esta semana a la demolición de la pequeña edificación que construyó en una finca de su propiedad unos cientos de metros al oeste del casco urbano de Monforte. La levantó en suelo rústico y no urbanizable, con la intención inicial de que le hiciese de almacén para la extracción y guardado de la miel que sacaba de unas colmenas que entonces tenía. Después, adaptó una parte como habitación y vivió allí durante unos dos años. La Xunta le abrió un expediente por infracción de la legislación urbanística y le ordenó derribarla. Él admite su responsabilidad, pero echa en falta más flexibilidad. El suyo es solo uno más entre decenas de casos abiertos en este municipio y que afectan sobre todo a construcciones levantadas en terreno rústico situado en la periferia del casco urbano monfortino.
«Eu asumo a miña culpa —explica el afectado por esta orden de derribo—, pero é que non houbo opción, non me deron ningunha alternativa: ou demolición ou nada». José Ferrín contrató a una empresa especializada que esta semana envió una excavadora que derribó las tres construcciones de su finca que fueron declaradas ilegales por la Xunta. La mayor de ellas era el almacén apícola que acabó habilitando en parte como una pequeña vivienda, pero también ha tenido que tirar una cuba que había colocado sobre un soporte de cemento a modo de caseta para juegos infantiles y una arqueta para el cuadro de la luz.
El derribo le va a costar aproximadamente 2.500 euros, entre la demolición propiamente dicha y el envío de los escombros a una instalación de tratamiento de este tipo de residuos. Eso y otros 1.000 euros en concepto de multa por retrasarse unos días en el cumplimiento de la orden de derribo. Pero a él le duele más la aspereza del procedimiento, la sensación de que lo han tratado con una dureza excesiva e inflexible.
Como ocurre en todos los demás casos, su expediente sancionador lo puso en marcha y lo cerró la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el departamento de la Xunta que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa sobre edificabilidad y que en los últimos años ha dictado decenas de órdenes de derribo de construcciones ilegales en toda Galicia, también en Monforte. En la APLU determinaron que lo que José Ferrín había levantado en su finca, —situada en el lugar de Toxas, en las cercanías de los invernaderos de la carretera de Ourense—, era ilegal porque no tenía permiso para hacerlo, porque era suelo rústico y no urbanizable y porque estaba demasiado cerca de un camino público asfaltado.
El propietario de esta pequeña construcción y los dos elementos anexos que quedaron eliminados esta semana echa en falta más flexibilidad por parte de las administraciones públicas en este tipo de procedimientos. Él asegura que su intención inicial era disponer de un lugar en el que extraer y guardar la miel de su pequeña explotación apícola, un uso que a él le parece que debería ser posible en una finca como la suya. «Cando fun pedir permiso para facer iso —explica—, no Concello dixéronme que iso só se podía facer en solo industrial». Él cree que eso no es cierto, que para una explotación apícola de pequeño tamaño como la suya, de solo veinte colmenas, se tiene que poder utilizar un terreno rústico. «Porque se non —se pregunta— que uso agrario lle vou dar a esta finca? Vacas non pode ser, que teño casas ao lado».
En cualquier caso, y pese a la negativa del Ayuntamiento, él decidió seguir adelante. Después fue cuando pensó en aprovechar temporalmente una parte del espacio como vivienda, porque se acababa de separar y estaba viviendo de alquiler. Él estaba dispuesto a hacer las modificaciones que hiciese falta y legalizar lo que pudiese, pero asegura que no le dieron más opción que la demolición completa.
La protección de la tortuga común en un entorno altamente urbanizado
Está dentro de la zona de concentración parcelaria de la parroquia de Piñeira y dentro también del área incluida en el plan de recuperación de la tortuga común en Galicia. Esos fueron otras dos de las razones que en la APLU añadieron a la resolución por la que le negaron cualquier posibilidad de legalizar en todo o en parte lo que José Ferrín había construido en Toxas. A él le sorprende especialmente el argumento de las tortugas, en una zona como esa, ampliamente tocada por la mano del hombre y salpicada de casas y construcciones de todo tipo. Este tipo de argumentos y lo expeditivo del procedimiento abonan en él la sensación de que este tipo de expedientes se resuelven de forma prácticamente mecánica. «É como se tivesen que cumprir uns obxectivos a final de ano —se queja—, sen opción ningunha a corrixir, pechar ventás, retranquear... o que fose».
Más de cien procesos así
En la recientemente constituida asociación de afectados por este tipo de expedientes urbanísticos en Monforte aseguran que en estos momentos están abiertos decenas de procedimientos como este. Ellos admiten no saber exactamente cuántos son, pero creen que hay más de cien en una fase tan avanzada que ya se han concretado en órdenes de demolición como la de este caso o están a punto de llegar a ese punto. Este colectivo, denominado Asociación na Defensa do Usuario e do Solo Rústico, ya convocó una protesta hace unos meses ante la sede central de la APLU en Santiago. Reclaman una aplicación más moderada de la legislación urbanística.